PAN/empresa/IGLESIA

Acción Nacional en el gobierno.

Soledad Loaeza (Revista Nexos, #355, julio 2007)

La relación de Acción Nacional con el poder nunca ha sido fácil. Esta afirmación podría parecer sorprendente dado que la misión de todo partido político es alcanzarlo, y hacerse de él para ejercerlo. Sin embargo, a lo largo de su historia el PAN ha sostenido con el poder una relación ambivalente: por una parte, lo ambiciona, pero, por la otra, le repugna. Las buenas formas del panismo dictan el repudio, prohiben y condenan todo aquello que se identifica con una vocación perversa que durante décadas pareció reservada exclusivamente al PRI, negarla fue un rasgo de identidad de Acción Nacional. Sin embargo, desde los años ochenta los panistas —al fin humanos— han desarrollado el mismo gusto por el poder que otros políticos, gracias a los amplios recursos derivados de las actividades políticas y administrativas que el triunfo en las urnas ha puesto a disposición de los partidos.

De manera inevitable el PAN en el poder se ha vuelto un partido como otros, y en el camino ha perdido la superioridad moral que le ganó ser oposición en un contexto autoritario, cuando podía contrastar la bondad de sus móviles con la ruindad de su adversario. Hoy, en cambio, es partido en el gobierno y al igual que a otros lo aquejan luchas y rivalidades internas, envidias e intrigas; así como problemas de corrupción y abuso de sus funcionarios. A diario los panistas descubren que más que una familia son una organización en la que proliferan grupos en pugna que arman pequeñas conspiraciones o protagonizan grandes traiciones. Como otros partidos Acción Nacional ha tenido victorias apretadas y ha sufrido amplias derrotas resultado de sus propias deficiencias.

El poder ha transformado al PAN: el partido ha extendido su presencia en el país, ha multiplicado el número de sus afiliados y el de sus gobernados. No obstante, la consecuencia fundamental del ejercicio de gobierno y del contexto de competencia democrática que se ha instalado en México en los últimos 20 años ha sido el afianzamiento de su identidad ideológica. En esta transformación Acción Nacional ha dejado de ser un partido de protesta, para convertirse en un partido de propuestas. Si en su dinámica y en su comportamiento es como los demás, en cambio, la ideología lo distingue con creciente precisión. Gradualmente, la vaguedad de la noción “el humanismo político” se ha concretado en políticas de gobierno, posturas y decisiones que sitúan firmemente al partido en la derecha del espectro ideológico internacional, y del horizonte de las opciones políticas mexicanas. El PAN ofrece hoy una mezcla de antiestatismo económico y conservadurismo social que, aunque muestra importantes contradicciones y variaciones, con un toque intenso de antipopulismo estructura una identidad precisa.

No es una contradicción menor de los panistas que rechacen con vehemencia “las geometrías políticas” que los colocan sin misericordia a la derecha, y que busquen explicar los conflictos que actualmente atraviesan su partido recurriendo a la noción más bien vaga de “fidelidad a los principios de doctrina”, y que a partir de ella pretendan distinguir a las corrientes que se han formado en los últimos años. Ahora toca a los seguidores de Felipe Calderón llamarse doctrinarios, pero en el pasado así se autonombraron personajes como Jesús González Schmall, Pablo Emilio Madero y Bernardo Bátiz que formaron el Foro Doctrinario luego de su derrota en una lucha de poder contra el grupo que entonces encabezaba Luis H. Álvarez. Hoy en día la doctrina del partido —así de indeterminada— es de nuevo un recurso de autoidentificación, al que en este caso se han acogido el grupo que ve en Felipe Calderón a su líder, y que en esta circunstancia se opone a quienes se han aglutinado en torno a Manuel Espino y a la desdibujada figura de Vicente Fox. La intención de los doctrinarios del siglo XXI es una advertencia más o menos transparente: quien no está conmigo está contra el alma del partido. En el contexto actual del partido la disyuntiva se plantea en los siguientes términos: quienes no siguen el liderazgo político del presidente Calderón son ajenos a la doctrina del PAN, por consiguiente, son ignorantes, oportunistas o traidores.

Paradójicamente, la importancia que hoy ostenta la ideología en la identidad panista es comparable a la que se le atribuía en los largos años de la travesía del desierto (1940-1961), cuando más remota era la posibilidad de que accediera al poder. Entonces lo que los panistas prefieren llamar “doctrina” era una protección contra el avasallamiento que imponían las mayorías del PRI; pero hoy es mucho más que eso, pues se ha convertido en un instrumento para ganar votos, y para gobernar, al mismo tiempo que sigue siendo un referente para restablecer los equilibrios en el interior del partido. La necesidad de superar la fragilidad de los arreglos internos que alteró el triunfo de Vicente Fox en la elección presidencial del 2000, quedó al descubierto recientemente en la disputa todavía fresca entre el presidente del partido, Manuel Espino, y el presidente de la República, Felipe Calderón a propósito de cuál debería ser la relación entre el partido mayoritario y el gobierno. Una pregunta que sólo se plantea porque los panistas mantienen ambivalencias frente al poder.

A esta interrogante respondió el discurso del presidente Calderón ante la XX Asamblea Ordinaria del partido que se celebró entre el 2 y el 3 de junio en León, Guanajuato, en el que también hizo un llamado a la fidelidad ideológica de los militantes, como vía para resolver sus discrepancias, así como una advertencia: “…si es obligado, panistas, sostener política y activamente el proyecto en el que creemos desde la oposición, más obligados estamos a sostener nuestras ideas y nuestros proyectos cuando estamos en el gobierno” (www.pan. org.mx; entrada 06/05/07). Así piensa Felipe Calderón concretar la fórmula que él mismo planteó cuando era presidente del PAN: “Hay que ganar el gobierno sin perder el partido”. Sin embargo, el contexto en el que actúan hoy los panistas es diferente al de entonces, simplemente porque están en el poder. Ahora el reto que enfrentan es: ganar el partido sin perder el gobierno.

De la invitación de Calderón se desprende también nostalgia por el pasado heroico del PAN, por el tipo de camaradería que mantuvo unidos a sus poquísimos miembros durante los años de apogeo del PRI. Sin embargo, entonces eran unos cuantos, y poco o nada tenían que disputarse porque no tenían poder. En esas condiciones en que la lucha política dentro de la organización era inexistente era relativamente sencillo mantener la solidaridad del grupo que, además, encontraba su diario nutriente en los desmanes del partido hegemónico.

Normalmente, la sobreideologización de un partido acarrea la pérdida de votantes que rehuyen los riesgos de la intransigencia y decisiones de gobierno guiadas por la convicción antes que por el pragmatismo. De suerte que la oferta calderonista puede reconciliar internamente el PAN, pero también restarle apoyo en el electorado. Por otra parte, el referente ideológico como vía de arreglo parece inadecuado para resolver el fondo de las diferencias entre panistas, pues no obstante la existencia del grupo extremista llamado el Yunque, en el campo de las ideas y de los programas, el partido disfruta de una homogeneidad envidiable para otros, por ejemplo, para el PRD, que está desgarrado entre los nostálgicos de las revoluciones del siglo pasado y los conversos al credo de la democracia política, o para el PRI, cuya identidad se ha colapsado luego de dos derrotas sucesivas.

El llamado de Felipe Calderón es hasta cierto punto sorprendente porque las discrepancias en su partido no nacen de y tampoco inspiran debates programáticos, mucho menos doctrinarios. Si existen diferencias en este terreno, sería muy saludable para el partido que se ventilaran en público, y que los yunquistas, espinistas, foxistas, creelistas, et al. plantearan desembozadamente sus objetivos y explicitaran sus estrategias, si es que acaso son paralelas o contradictorias.

Hasta ahora la división más importante entre los panistas ha dado lugar a la formación de dos grandes grupos que se han manifestado de manera abierta a partir del desacuerdo respecto al alcance de la autoridad presidencial en la vida y en las políticas del partido. Es justamente en este terreno donde se ve con claridad que las discrepancias no son de principio, porque quienes hoy reivindican la autonomía del partido frente a la presidencia de la República, el sexenio pasado le reprochaban al PAN su frialdad en relación con el gobierno Fox, y su rebeldía ante las iniciativas de los amigos del presidente, que poco o nada tenían de panistas. Después de la victoria de Calderón en 2006, Espino quiso defender su autonomía de decisión y la influencia del foxismo dentro del Consejo Nacional frente a la corriente que se ha formado en torno a los panistas en el gobierno. La búsqueda de este objetivo lo condujo en repetidas ocasiones a una confrontación con el presidente de la República, en la que muchos de sus correligionarios vieron un desacato más que un acto de independencia.

Al iniciarse la XX Asamblea Ordinaria la desavenencia se expresó ruidosamente en la rechifla que recibió Espino, y la ovación que, en cambio, los apasionados panistas le dedicaron a Calderón. El espectáculo dio cuenta de los nuevos equilibrios en el seno del PAN, pero la militancia le cobró así al presidente del partido sus repetidos desafíos al presidente de la República, pues consideran injusto que pretenda regatearle su condición de líder del partido, sobre todo después de los muchos desprecios de los foxistas al partido. Los desplantes de Espino también son vistos como inapropiados en vista de las difíciles condiciones en que Calderón asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre, y de la existencia de un segmento nada despreciable de la opinión —cerca del 30%— que considera que la última elección presidencial fue fraudulenta.

No hay duda que entre Manuel Espino y Felipe Calderón hay divergencias de carácter notables: por ejemplo, el primero es mucho más empecinado que el segundo; también los separa la visión de la política: mientras que Calderón la entiende como una actividad que lleva consigo el sello del compromiso y de la negociación, para Espino es sólo un instrumento de autoridad que no da cabida al debate ni a la argumentación. Sin embargo, en materia de política pública o de planteamientos frente a la izquierda o al populismo la diferencia, cuando la hay, es de matiz. Por ejemplo, tanto Vicente Fox —y desde luego Espino— como Felipe Calderón han levantado la causa del antipopulismo, que ambos entienden en primer lugar como disciplina fiscal, sin embargo, mientras que el primero se apoya en una firme oposición al intervencionismo estatal, el segundo sostiene la misma lucha, pero, como lo ha demostrado en la prioridad que ha acordado a la lucha contra el crimen organizado, tiene una noción instrumental del Estado que dista mucho de la estrecha visión foxista que lo veía solamente como la esencia del autoritarismo. Curiosamente, en temas como la planificación familiar o la educación sexual, Vicente Fox parece más liberal que Calderón, quien puso en manos de un católico militante una política de salud en la que el Estado mexicano ha tenido mayor impacto y éxito en el último medio siglo.

Dada la ausencia de un debate ideológico entre los panistas, hemos de suponer que las causas de los diferendos entre ellos son otras más mundanas, y tienen que ver con los equilibrios entre corrientes de intereses en competencia. De ahí que, como bien lo saben Espino y Calderón, la recomposición dependa de la intervención del presidente de la República en la vida del partido, la cual parece irremediable. Peor todavía, es una necesidad. Sin embargo, y como se apuntó antes, asumir el liderazgo del partido como lo está haciendo Felipe Calderón, implica riesgos tanto para Acción Nacional como para el gobierno. En el primer caso la interferencia puede obstaculizar de tal manera el funcionamiento normal de las instancias del partido que termine por incapacitarlas; en el segundo, el principal peligro consiste en profundizar la partidización de la administración y de las decisiones gubernamentales, sacrificando la eficiencia y la racionalidad que deberían ser su inspiración, y con ello la posibilidad de que el gobierno atienda a todos los mexicanos y no sólo a los panistas. En este sentido es hasta cierto punto alarmante que en el discurso ante la XX Asamblea el presidente Calderón haya invitado a los presentes a mantener al PAN como la “fortaleza” que “siempre” ha sido. Sin querer, está cayendo en una situación similar a la que ha creado el gobierno perredista de la capital de la República, que se empeña en gobernar sólo para los suyos e ignorar a los habitantes de la ciudad que no son sus simpatizantes.

Los riesgos de la sobreideologización son grandes también porque a muchos panistas disgusta la imagen que les devuelve el espejo de la ideología, y preferirían mantenerse en la nebulosa del humanismo político de que habla la retórica panista con un discurso arcaico que sólo encuentra ecos en el lenguaje igualmente arcaico de la izquierda perredista. Sin embargo, y aunque el contenido de la ideología del partido no haya sido expuesto en forma sistemática, Acción Nacional es percibido por más de la mitad de la opinión pública como un partido de derecha. Esta imagen no es resultado de la propaganda de sus adversarios, y mucho menos de la persistencia de prejuicios que en el pasado atribuyeron al PAN los rasgos de la oposición clerical que necesitaba el PRI para construir su propia imagen de partido progresista, sino de decisiones y actitudes concretas de gobiernos y de simpatizantes panistas.

A pesar de sus protestas en contrario, Acción Nacional tiene que asumir las implicaciones de políticas de gobierno que parten del presupuesto reaganiano por excelencia, es decir, originalmente inspirado por el presidente de Estados Unidos en los años ochenta, Ronald Reagan, de que el interés privado es superior a cualquier otro. El sexenio pasado esta convicción se tradujo en concesiones y privilegios sin precedentes que el gobierno atribuyó a los grandes empresarios. Los panistas también tienen que aceptar que cuando el gobierno panista de Baja California se opuso a que se le practicara un aborto a una adolescente que había sido violada, no solamente estaba actuando contra la ley que garantizaba ese derecho, sino que respondía a los postulados de la derecha tradicional, sujeta a las directivas de la moral católica, antes que a la Constitución; para no mencionar asuntos más banales como la prohibición de minifaldas entre empleadas municipales en Guadalajara, o temas de mayor envergadura como la despenalización del aborto que los panistas rechazan en nombre de “el derecho a la vida”, tal y como lo dicta la iglesia católica.

Asimismo, lo panistas más renuentes a aceptar la identidad ideológica que les corresponde tendrían que aceptar el significado de sus alianzas internacionales, por ejemplo, las que se derivan de su pertenencia a la Democracia Cristiana Internacional, o de su estrechísima asociación con el Partido Popular español. Más aún, el comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores que anunció la visita oficial del presidente Calderón a Francia, subrayó que la reunión con el presidente Nicolás Sarkozy, miembro del partido de derecha Union pour un Mouvement Populaire (UMP), sería muy breve, pero revestía gran importancia “por la afinidad ideológica de los mandatarios” (Reforma, 27/05/07). El gobierno de Felipe Calderón busca un acercamiento con Cuba, con Venezuela y con Bolivia, pero difícilmente habrá de olvidarse el conato de polémica que entabló con el presidente brasileño Lula da Silva en la reunión de Davós a propósito de sus críticas al populismo.

La relativa inestabilidad que ha aquejado a Acción Nacional en los últimos años no es producto de desacuerdos ideológicos, ni de un debate programático, como podría sugerirlo el surgimiento de la así llamada “corriente doctrinaria”. Al contrario, en esos terrenos el partido ha alcanzado una madurez y una armonía sin precedentes. Las tensiones en el interior del PAN pueden explicarse por el efecto desestabilizador que ha tenido la conquista de la presidencia de la República en dos ocasiones sucesivas, pero en cada caso por corrientes distintas e incluso antagónicas. El problema sigue siendo que el poder del ejecutivo es tal que de manera inevitable trastoca los equilibrios en el interior de su partido, y éste no tiene los instrumentos que necesita para estabilizarse por sí mismo.

En el discurso que pronunció ante la XX Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, el presidente de la República habló en clave militante y propuso a sus correligionarios que ante los estragos que está causando el poder en la familia panista, busquen en el pensamiento, en “las convicciones” y en los “ideales” la columna vertebral que les permita recuperar una cierta armonía. La doctrina es el mantra al que recurren los panistas en el gobierno para restablecer los equilibrios en el interior de la organización, pero en realidad el factor de recomposición interna que proponen es la presidencia de la República, y la figura de Felipe Calderón, que es hoy en día el primero de los doctrinarios. No obstante, el problema parece estar en otra parte: en la relación entre los grupos de poder que se han formado en el partido con el apoyo de intereses extrapartidistas: desde los grandes empresarios hasta los indescriptibles líderes sindicales que se han adueñado del Estado, y que son hoy en día el obstáculo más importante a la consolidación democrática. La importancia decisiva de estos actores en la vida del PAN es su debilidad más profunda. n

 

 

Los ideólogos de los empresarios.

Luis Emilio Giménez Cacho y Ciro Murayama (Revista Nexos #355, julio 2007)

Si nos atenemos a la definición de Michelangelo Bovero en el sentido de que quien “afirma ‘soy de izquierda’ no responde a la pregunta ‘¿quién eres?’, ‘¿cuál es tu identidad política?’ sino a la interrogante ‘¿en dónde estás respecto a otros, cuál es tu ubicación?’ ” (nexos, 348) y que, por tanto, ser de izquierda quiere decir tomar una posición, también sería válido analizar y situar a la derecha no por lo que intrínsecamente puede aspirar a ser, sino por sus definiciones ante asuntos específicos. Ya Norberto Bobbio había señalado años atrás (Derecha e izquierda), en aquel tiempo en que se pretendió decretar el fin de las ideologías y el fin de la historia tras la implosión de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de Europa, la vigencia de los términos izquierda y derecha a partir de la manera en que se abordaban los problemas relacionados con la igualdad y la libertad: mientras la izquierda ha puesto mayor énfasis en la igualdad social, la derecha da preeminencia a la libertad individual. Conjuntando las propuestas de Bobbio y Bovero, entonces, en el terreno de la economía la distinción entre izquierda y derecha puede conducirse a través de la identificación de las posturas que se adoptan frente a los temas de la libertad y la equidad o cohesión social. En términos simples, las propuestas económicas con énfasis en los derechos de los individuos, por ejemplo, privilegiando la libertad de mercado, tendrían correspondencia con una definición más cercana a la inspiración de la derecha, mientras que priorizar los derechos sociales, la equidad entre individuos, caracterizaría a una posición de izquierda en materia económica. La guía anterior, por supuesto, quiere ser eso y no una navaja de corte fino que deje perfectamente delimitadas a ambas corrientes a uno y otro lados, pues resulta obvio que existen múltiples matices: por ejemplo, la socialdemocracia desde hace décadas se ha comprometido con la economía de mercado así como con los derechos políticos individuales al tiempo que, también, distintos partidos liberales de derecha no necesariamente renuncian al mantenimiento del Estado de bienestar.

En nuestro caso, un análisis de la visión y propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el desarrollo del país, permite establecer que para esta importante organización empresarial es a través de la libertad de mercado, así como de la existencia de condiciones para el ejercicio de la libre empresa y su ampliación —por ejemplo, para poder invertir en áreas aún restringidas como la energética— como se solucionará el conjunto de problemas del desarrollo. Para la Coparmex, si bien de forma loable el crecimiento económico es un objetivo sin el cual las demás metas podrán ser incumplidas, no deja de ser llamativo el hecho de que con frecuencia sus propuestas sugieran que el Estado se inhiba para realizar acciones que promuevan el crecimiento y que afecten el ciclo económico en su fase descendente —es decir, aboga para que el Estado no aplique políticas anticíclicas, keynesianas.

Por otra parte, en el discurso empresarial mexicano se han incorporado preocupaciones referidas al tema de la pobreza y de la desigualdad —aunque este último en menor medida—, pero la solución a los mismos y la consecución de la equidad aparecen como una meta secundaria, o bien residual, que se alcanzaría una vez que la economía haya removido otros obstáculos para su buen desempeño. Así, no se llega a entender a la pobreza y a la desigualdad como problemas propios de la economía, que deben resolverse como condición para trascender los límites estructurales que afectan su dinamismo. La tesis que coloquialmente se ha resumido como que primero es necesario agrandar el tamaño del pastel para que, después, cada quien pueda acceder a un trozo mayor, es la que priva en esa visión empresarial.

En general, puede decirse que en lo que se refiere al papel del Estado en la economía, la Coparmex enfatiza la necesidad de que éste salvaguarde los derechos individuales y la libertad de acción para el particular —lo que en buena parte implica un “no hacer” del propio Estado al no intervenir, no interferir, salvo a lo que se refiere, de forma destacada, al asunto de la inseguridad— y relega en el mejor de los casos, aunque casi siempre ignora, el cumplimiento de los derechos sociales —para cuya consecución y ejercicio por parte de los ciudadanos se requiere un Estado que “sí haga”, sí intervenga, sí promueva, sí reparta, sí recaude, sí actúe— como fin y como materia a impulsar por las políticas públicas.

Un asunto nodal que no puede soslayarse en la visión de la derecha empresarial mexicana, es su concepto exclusivista sobre los actores que intervienen en las decisiones que afectan al crecimiento económico y las políticas de desarrollo social. El derecho de los trabajadores a participar en el debate económico no forma parte de su horizonte. El arreglo institucional en materia de crecimiento económico sería, en su perspectiva, la consecuencia de un nuevo acomodo entre los intereses de los particulares y las capacidades de acción del Estado. La empresa, como eje central de articulación de las relaciones económicas entre particulares, sería la clave maestra del crecimiento. El potencial de la economía depende exclusivamente de la libertad con que ésta pueda desenvolverse. La realidad de la institucionalidad económica mundial desmiente ese simplismo en el que por la empresa hablan solamente los empresarios.

Los derechos laborales tienen un reconocimiento prácticamente universal en las democracias modernas. Las convenciones internacionales, desde los convenios de la Organización Internacional del Trabajo hasta los arreglos del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), comprometen al país a reconocer y hacer cumplir los derechos de los trabajadores a la libre sindicalización, a la contratación colectiva y a la huelga. Las economías de la Unión Europea cuentan con Consejos Económicos y Sociales que ofrecen el espacio institucional para el diálogo y la concertación entre los representantes empresariales y de los asalariados. La visión empresarial mexicana excluye a estos últimos de cualquier protagonismo eficaz. La paradoja es que la Coparmex, que ha sido considerada por muchos años la voz dominante de los empresarios, ocupa un puesto en el escenario de los debates económicos gracias, precisamente, a su estatuto de ser el único sindicato patronal bajo las reglas de la Ley Federal del Trabajo.

En el análisis que ahora ofrecemos sobre las definiciones de la Coparmex, el material base que se utiliza es el documento Propuestas 2000-2010, que la confederación preparó al inicio de la década en curso, siguiendo ejercicios que había elaborado con antelación para los sexenios 1988 a 1994 y de 1994 a 2000. Las propuestas de la Coparmex se inscriben en el objetivo de ofrecer una visión de largo plazo para México, que abarque los decenios 2010, 2020 y 2030. Como se podrá ver en las líneas que siguen, buena parte de las preocupaciones y sugerencias de esta organización empresarial han sido recogidas durante las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional —y otras venían siendo incorporadas al diseño institucional y de políticas puestas en marcha en México dentro de las coordenadas del Consenso de Washington por los gobiernos de corte neoliberal en el país, de 1982 a la fecha— pero también han logrado crear un cierto “sentido común” en nuestra sociedad y, en particular, en sus elites políticas e intelectuales acerca de cómo debe conducirse la economía, cuáles deben ser sus prioridades e instrumentos de actuación. Esta reflexión se realiza de cara a ese “consenso” que en buena medida se amolda al statu quo existente, y que hace un balance positivo de los resultados de la economía mexicana instalada ya por demasiado tiempo en lo que Rolando Cordera ha definido como el “estancamiento estabilizador”, y que en nuestro caso está dando lugar a una versión vernácula de la “cultura de la satisfacción” de unos pocos a que se refirió John Kenneth Galbraith para llamar la atención sobre la escasa aversión a la desigualdad en la sociedad estadunidense.

Las propuestas de la Coparmex, en gran parte referidas al campo de la economía, trascienden esa esfera, tocando áreas como la educación y el sistema político que aquí se analizarán de manera sucinta pues, al final, esas definiciones también son útiles para comprender el perfil ideológico de la más relevante agrupación empresarial mexicana.

El Banco de México: Guardián de los precios, no del crecimiento

La estabilidad macroeconómica permanente es la condición prioritaria que, para la Coparmex, ha de cumplirse para que sean factibles el crecimiento y la generación de empleos. En consecuencia, propone “Plena autonomía al Banco de México en materia de política monetaria y cambiaria, con la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios y el poder adquisitivo de la moneda, mediante mecanismos del propio mercado”, así como el “establecimiento de metas multianuales de inflación similares a la de nuestros principales socios comerciales con un rango de tolerancia no mayor a más/menos dos puntos porcentuales”. Al respecto, cabe señalar que desde abril de 1994 la Constitución establece que el Banco de México goza de autonomía, misma que, de acuerdo con la propia autoridad monetaria, “implica que ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación”. Esto es, puede afirmarse que por disposición constitucional en México la política monetaria está “blindada” frente a decisiones políticas, del poder ejecutivo o legislativo, que le impelan, por ejemplo, a emitir moneda para extender el circulante y la demanda agregada en la economía con riesgos inflacionarios. Pero en el mundo existe más de un modelo de autonomía para la banca central. En nuestro caso la Constitución no especifica —como tampoco aparece en las definiciones de la Coparmex— que el Banco de México tenga la responsabilidad de procurar el crecimiento económico o la creación de empleos, como sí ocurre con el mandato de la Reserva Federal en Estados Unidos. En México, entonces, hay un diseño institucional que atiende a las preocupaciones referidas al control de precios pero no al crecimiento, es decir, que pone énfasis en la estabilidad macroeconómica nominal soslayando la estabilidad macroeconómica real.

Impuestos: Pocos y parejos

La debilidad de la carga tributaria mexicana (apenas 10.2% del PIB), así como la volatilidad de los ingresos públicos (alta dependencia de los ingresos petroleros) no figuran en el diagnóstico de la Coparmex, aunque sí presenta propuestas en materia de recaudación fiscal. Propone, en concreto, “un nuevo sistema [fiscal] que sea general, es decir, parejo para todos”, “un sistema con pocos y bajos impuestos”. Un tratamiento, parejo para todos, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, implica que el ingreso disponible —después de impuestos— de los individuos crezca pero, a la vez, que las posibilidades de acción redistributiva por parte del Estado disminuyan. En un país con la enorme concentración del ingreso que tiene México, dar un trato igual a sujetos desiguales se convierte en una política regresiva, contraria a la equidad. Y en efecto, la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta ha caído por acuerdo del Congreso. La Coparmex insiste, además, en la eliminación “de la tasa cero de IVA a las medicinas”.

Acompañando la definición para mantener bajos los impuestos, la Coparmex sostenía desde el 2000 la necesidad de “establecer el compromiso legal de que el déficit del sector público no deberá exceder el 1% del PIB en los próximos 10 años”. En 2006, la aspiración de legislar contra políticas anticíclicas por el lado del gasto se traduciría en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Pensiones: Un asunto individual

Los esquemas de solidaridad intergeneracional —donde los trabajadores en activo contribuyen a los ingresos de los retirados— e intrageneracional —hay transferencia de recursos de los trabajadores que mayores remuneraciones recibieron durante su vida activa hacia los de menor nivel—, que estructuraron el diseño de los sistemas de pensiones de los Estados de bienestar en los países industrializados, tienden a ser sustituidos por sistemas de cuentas individualizadas, donde el componente solidario se ve disminuido y, con ello, los objetivos de equidad y cohesión social.

La Coparmex propone “para integrar al mayor número de trabajadores a los sistemas de ahorro para el retiro, reforzar los esquemas existentes para los trabajadores al servicio de los gobiernos federal y estatales, incorporándolos a sistemas de cuentas individualizadas”, así como “crear sistemas de ahorro para el retiro con fondos libres con tratamiento fiscal favorable a largo plazo” —con lo cual, los trabajadores de mayores ingresos, por ejemplo, podrían depositar parte de sus rentas en estos fondos y, a través de esa vía, exentar el pago de impuestos—. La agenda de la Coparmex en materia de pensiones va teniendo éxito, como lo demuestra la reciente aprobación de la nueva ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El gasto en educación

La Coparmex señala que “hay que subsidiar la demanda” y no a las escuelas, es decir, propone “los ‘bonos’ educativos a los que tendrían derecho los padres de familia… lo que permitiría a los estudiantes elegir la institución, pública o privada, en la que desean estudiar…”. Economistas como Joseph Stiglitz (La economía del sector público, Antoni Bosch, Barcelona, 1992) han señalado las consecuencias en términos de equidad de una medida como ésta: se crearía una sociedad aún más estratificada. Las escuelas de las zonas de mayores ingresos, que de por sí pueden tener un mejor desempeño escolar, concentrarían más recursos, en detrimento de las ubicadas en áreas o barrios pobres que se verían castigadas en su financiamiento.

A la par, la Coparmex propone “cesar la diferenciación entre educación pública y particular, estableciendo que ambas son de interés general de la nación y se necesita promoverlas a fin de que la calidad y la cobertura se supere en ambas”, es decir, hacer susceptibles de financiamiento público a las escuelas particulares.

Para la enseñanza pública la Coparmex propone “convertir las escuelas oficiales, en los sectores de niveles socieconómicos medios, en escuelas administradas por cooperativas de maestros sostenidas con la cooperación de los padres de familia, con un subsidio gubernamental decreciente”.

La educación y el Estado

En las propuestas de la Coparmex hay evidentes puntos de contacto con la agenda de la iglesia católica, por ejemplo, en lo que se refiere a la (inadecuada desde su perspectiva) laicidad de la educación. La organización patronal establece que “quizá la más trágica de las pérdidas que sufrió la escuela en México consiste en que durante décadas el concepto de educación laica se interpretó como una exclusión sistemática de toda referencia ética y de valores de formación de los estudiantes”. Por ello, propone “incorporar al artículo tercero constitucional el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación que reciban sus hijos”, como si los hijos fuesen una propiedad de los paterfamilias y no sujetos con derechos inalienables, como el que consagra el recibir obligatoriamente una educación basada en criterios científicos, ajena al fanatismo, como establece hoy la Constitución.

El mundo del trabajo

Las propuestas económicas de la Coparmex son fieles al principio de defensa de los derechos de la propiedad. Reclama garantías de certeza jurídica para los propietarios del capital, como elemento central del marco jurídico e institucional del crecimiento. Pero no se plantea lo mismo para los trabajadores que, en su visión económica, se funden en el conjunto de los agentes económicos privados. Las alusiones al marco legal que rige las relaciones laborales son prácticamente inexistentes en las propuestas económicas 2000-2010.

Fiel a su doctrina de ignorar a los trabajadores como parte central del proceso productivo, relega la reforma laboral al limitado ámbito de las políticas de competitividad. Y todo se resume en un solo concepto: “Adecuar el marco legal para impulsar la Nueva Cultura Laboral entre empresarios y trabajadores con el fin de lograr un incremento continuo de la productividad de todos los factores de la producción”.

Para Coparmex la llamada “Nueva Cultura Laboral” no requiere de explicaciones en el documento, a pesar de la pretensión ambiciosa de que la legislación se adecue a ella. Si nos atenemos al documento concluiremos que la realidad sindical resulta satisfactoria a esta visión de la derecha. Y no es de extrañarse, porque la fórmula de esa “nueva cultura”, bajo la apariencia de una vocación de modernidad encubre realmente una vieja pretensión de la derecha católica: reducir a la empresa a una comunidad aislada, conducida con visión paternal por un empresario benévolo. La fórmula para lograrlo ha sido un pacto político con el corporativismo sindical.

Así, desde los pactos de contención salarial de mediados de los años ochenta hasta la fecha, la derecha empresarial, llevando como bandera el cambio estructural, ha dado carta de legitimidad —y trato de señores— a un cortejo numeroso de dirigentes sindicales cuya presencia pública no deriva de la representación democrática sino de los complejos mecanismos de control político heredados del régimen de partido casi único. La transición democrática no ha pasado aún por el sistema laboral mexicano, ni ha tocado las prácticas viciadas de la justicia laboral, donde los derechos y libertades de los trabajadores son, con extrema frecuencia, letra muerta. Para la Coparmex este tipo de derechos no tiene relevancia.

Más “ciudadanos”, menos “políticos”

En su capítulo de reforma del Estado, la Coparmex aborda con detalle diversos aspectos de las reformas que considera necesarias en el ámbito de la regulación electoral y del sistema de partidos. Propone la incorporación de las “candidaturas independientes” y la desaparición de los “innecesarios” legisladores de representación proporcional —lo que reduciría la pluralidad parlamentaria en detrimento de las minorías—. Dicha tesis coloca a los partidos o al “excesivo” número de los mismos como traba a la democracia. La Coparmex se sitúa en este terreno en el lugar común que, por ejemplo, describe el Latinobarómetro, en el sentido de que se reivindica a la democracia pero no a sus instrumentos imprescindibles: los partidos políticos y el Parlamento, lo que al final es reflejo de una escasa comprensión de lo que es la democracia como sistema político. Las grandes coordenadas de las propuestas de la derecha empresarial mexicana podrían sintetizarse en: menos intervención del Estado, menos impuestos, menos sindicatos, menos partidos y menos laicismo. n

La derecha católica.

Roberto Blancarte (Revista Nexos, #355, julio 2007)

¿El militantismo católico tiene que ser de derecha? ¿Es ineluctable la relación entre la doctrina católica y el conservadurismo político? ¿Hay algo intrínseco en el magisterio pontificio o en las enseñanzas del Evangelio que empujen a la derechización de los católicos? ¿O es sólo un accidente de la historia, que podría ser modificado en el futuro? ¿Tiene capacidad la iglesia católica, entendida no sólo como estructura institucional, sino como comunidad de creyentes, para transformarse y constituir un factor de cambio social? ¿O está condenada a mostrarse contraria a las manifestaciones de la modernidad social y política?

La derecha católica mexicana tiene sus raíces locales, sus conexiones regionales y sus aportes internacionales. Es necesario distinguirlas para reconocer su estructura ideológica, sus posiciones políticas y su modo de operar. Habría que comenzar, sin embargo, por una simple descripción: la derecha católica generalmente sigue, pero a veces también desborda y se contrapone, a la propia estructura eclesiástica. Dicho de otra forma, la derecha católica, en ocasiones, va más allá de los deseos y capacidad de control de la propia jerarquía eclesiástica; aunque siempre haga referencia a un corpus doctrinal, tiene por lo tanto su propia vida y muchas veces su propio proyecto de sociedad, no necesariamente similar al del Vaticano o el episcopado local. Es necesario distinguir estos proyectos y posiciones para entender lo que tienen de estructural.

¿De dónde viene la derecha católica? ¿Cuándo se formó y cuáles son sus características esenciales? La respuesta es relativamente sencilla: lo que hoy podemos llamar “la derecha católica” no es más que la respuesta de la Iglesia a la modernidad, entiéndase ésta como todo aquello que surgió de la Reforma protestante, particularmente la libertad de conciencia y sus consecuencias en el plano religioso, la secularización de las costumbres en el plano social, así como la revolución francesa en el plano político. ¿Pudo haber sido distinto? Es posible, aunque no fue así y no ha sido así, desde León X, en la época de Lutero, hasta Benito XVI, en nuestros días. Para la doctrina católica, por lo menos tal y como fue definida a lo largo de los dos últimos siglos, el origen de todos los males de la sociedad en la que vivimos se encuentra en el surgimiento del protestantismo “que desembocó en una nueva concepción de las relaciones entre Dios y el hombre y en la escisión de la cristiandad”.1 En realidad, la cristiandad siempre había estado escindida, desde los primeros conflictos entre los apóstoles, hasta las luchas contra las diversas disidencias en la Edad Media, pasando por el enorme cisma con el cristianismo de oriente u ortodoxo. Pero es cierto que la nueva concepción entre Dios y el hombre que introduce Lutero va más allá de las razones políticas y de poder religioso que generalmente se escondían detrás de las querellas teológicas anteriores; en este caso, el protestantismo introduce la idea central de que el hombre no necesita de la Iglesia para salvarse, que hay un ministerio universal, mediante el cual todos los seres humanos tienen la capacidad de establecer, gracias a su conciencia, una relación directa con Dios, con la sola guía y ayuda de las Escrituras.

Para la jerarquía católica de los siglos posteriores, el protestantismo no era sino la forma religiosa del individualismo, que conduciría al desarrollo del liberalismo y posteriormente al socialismo y el comunismo. La revolución francesa y sus con secuencias políticas, mediante la introducción del liberalismo en Europa y el resto del mundo, no sería más que un producto de la Reforma luterana, “donde hunde sus raíces ideológicas”.2 El Renacimiento había dado origen a una nueva concepción del hombre y su lugar en el universo. Las consecuencias de ello se dejarían sentir en todos los aspectos de su actuación en el mundo, comenzando por lo religioso y culminando en lo político. Desde entonces, los pontífices romanos no se han cansado de condenar la modernidad y sus consecuencias. Pío VI, a quien le tocó la efervescencia de las ideas revolucionarias provenientes de la Ilustración, lo señaló claramente desde su primera encíclica, publicada en la Navidad de 1775, donde denunció “el pernicioso error de ‘esos desgraciados filósofos que, repitiendo hasta la saciedad que el hombre nace libre y no debe someterse al dominio de nadie, terminaban debilitando los vínculos que unen a los hombres entre sí’ ”.3 Luego entonces, desde muy temprano el conflicto de la Santa Sede con la modernidad se convirtió en la disputa entre la verdad establecida y las nuevas libertades que se estaban estableciendo en el mundo, a lo largo de los últimos siglos; desde la libertad de conciencia, hasta la libertad de las mujeres a decidir sobre lo que sucede en su propio cuerpo.

En todo caso, el punto central a combatir es la idea de que no se reconoce más autoridad que el dominio soberano de la razón y la conciencia individual. Lo anterior explica la condena a las costumbres “inmorales”, a la ausencia de valores religiosos en la sociedad que supuestamente limiten los excesos naturales de la población y las campañas de moralización en periodos más recientes. Sin religión no hay moral y sin moral no hay sociedad. Todos los males sociales, desde el liberalismo hasta el comunismo, pasando por la violencia urbana, la disolución de la familia y en consecuencia de las instituciones políticas, tendrían en su base la ausencia de este “freno” religioso y la idea de que el individuo puede discernir por sí mismo lo que es incorrecto de lo que no lo es. En el fondo del pensamiento de la derecha, católica o secular, está la idea que las masas necesitan de la religión para contenerse socialmente; cuestión que por lo demás ha sido constantemente desmentida por los hechos, pues la violencia social, colectiva o individual, jamás ha sido frenada por las creencias religiosas. Al contrario, muchas rebeliones han sido motivadas por concepciones integristas de la vida y las cárceles están llenas de fervientes católicos. Pero eso es algo que la jerarquía católica no ha podido ver. Desde que la modernidad se manifestó a través del liberalismo político, afectando sus intereses institucionales, la Curia romana rechazó cualquier posibilidad de conciliación con los nuevos valores, se atrincheró en el más estrecho conservadurismo y se alineó con las monarquías más retrógradas.

La reacción católica a la modernidad será una de las fuentes esenciales del conservadurismo mexicano, de cuyo tronco saldrá a su vez la derecha católica. En términos teóricos, dicha posición ideológica fue alimentada por los pensadores alemanes que pusieron la ciencia histórica y la filosofía idealista al servicio del dogma, articulando alrededor de dicho cruce la reacción a la modernidad racionalista e ilustrada. Algunos pensadores que influirían de manera preponderante en esta reacción integral-intransigente católica fueron Chateaubriand, Joseph de Maestre, Luis de Bonald y Felicité de Lamennais. Los primeros defendieron la monarquía y el catolicismo como las formas perfectas de la sociedad civil y religiosa y se manifestaron por la defensa del papado y su infalibilidad como claves de la restauración en Europa. Lamennais, aunque se inicia como un pensador tradicionalista, intenta posteriormente mezclar al liberalismo y al catolicismo, acompañado por un grupo de seguidores alrededor de la revista L’avenir (El futuro). En ella, Lamennais proponía la ruptura de la alianza entre la iglesia católica y el legitimismo monárquico. En su lugar, pugnaba por “la unión del catolicismo y la libertad”, en la cual se encontraría la verdadera salvación del cristianismo. Para poder establecer el principio de orden y autoridad que era el de la religión, Lamennais proponía liberar a la Iglesia “separándola totalmente del Estado”, la libertad de conciencia, de culto, la libertad de prensa, la libertad de enseñanza, así como la libertad de asociación intelectual, moral o industrial. 4 Pero dicho proyecto es abiertamente condenado por la Santa Sede, a través de las encíclicas Mirari vos y Singulari nos, concluyendo así de manera estrepitosa y simbólica uno de los primeros intentos (entre muchos que habría después) por adaptar el pensamiento moderno a la doctrina católica o viceversa.5 Uno de ellos, casi simultáneo, es el que avanza en México en 1833 el doctor y sacerdote José María Luis Mora, cuando propone que de la Constitución se elimine “cuanto hay en ella de concordatos y patronatos”; proyecto político que corre con la misma trágica suerte, por lo menos en el corto plazo. Habrá que esperar la llegada de las Leyes de Reforma para que estas medidas se establezcan. Lo mismo sucede en Italia, donde el proyecto de “una Iglesia libre en un Estado libre”, del Conde de Cavour, se consolida al mismo tiempo que la unificación nacional.

La pregunta que nos podemos hacer todavía hoy es la siguiente: ¿este fracaso del catolicismo liberal o del liberalismo católico para transformar a la Iglesia era históricamente inevitable? ¿Existe algo en la estructura doctrinal del catolicismo que le impide conciliarse con la modernidad? ¿O estamos simplemente frente a un hecho circunstancial y reversible dentro de las tendencias eclesiásticas? El cuestionamiento podría parecer fútil, dado que en los dos últimos siglos la historia ha estado marcada por la estrecha identidad entre conservadurismo e iglesia católica. Pero tiene sentido si visualizamos la posibilidad de una iglesia católica distinta, no atada inevitablemente a la derecha, porque no hay nada que la ligue intrínseca a ineluctablemente a ella.

La historia, sin embargo, hasta ahora, ha sido la de una Iglesia que, en términos doctrinales y de magisterio pontificio, es decir, la de un catolicismo visto desde Roma y, desde el más estrecho ámbito del Vaticano en los últimos 150 años, no ha hecho más que renegar del mundo moderno y sus productos, en particular los relacionados con las libertades ciudadanas y personales. El ejemplo más acabado de este rechazo es el llamado Syllabus o “Recopilación que contiene los principales errores de nuestro tiempo que están anotados en las alocuciones, encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro Santo Padre el Papa Pío XI”, publicado en 1864. El listado de errores incluía las ideas que pugnaban por establecer limitaciones al poder de la Iglesia, por eliminar fueros y privilegios, por establecer el laicismo escolar, generar la separación del Estado y la Iglesia, lograr la separación de las ciencias filosóficas y morales del control eclesiástico, alcanzar la abrogación del poder temporal de la Iglesia y por supuesto aceptar el liberalismo moderno. La Santa Sede condenaba específicamente las ideas que propagaban la necesidad de abolir el catolicismo como religión de Estado y la libertad de cultos, o las que se permitían negar que la libertad de pensamiento conduce a la corrupción de las costumbres. Por si esto fuera poco, el Syllabus condenaba, por último, la todavía hoy para muchos extravagante idea de que “el pontífice romano puede y debe transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna”.6

La Curia romana no se contentó, sin embargo, con rechazar al mundo moderno. Le opuso un modelo propio de sociedad, que algunos especialistas han catalogado como integral-intransigente y que habría venido conformándose a partir de la pontífice, la defensa de la familia, un ideal de pequeñas comunidades autónomas y descentralizadas alrededor de la imagen de pastor y sus ovejas. En el plano político, este pensamiento proponía una especie de populismo cristiano en contra de los notables, la búsqueda de una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo, una hostilidad contra el orden establecido por la burguesía bienpensante, incluso conservadora, un antiindustrialismo bucólico, anticapitalismo y rasgos permanentes de antisemitismo. No es una coincidencia que en las manifestaciones recientes en México en contra de la despenalización del aborto hayan hecho su aparición grupos con consignas antisemitas. De cualquier manera, todos estos elementos habrían de conformar el pensamiento católico desde finales del siglo XIX y tenderían a formar parte del patrimonio de la derecha confesional, en la medida que el siglo XX avanzaba y las libertades modernas se abrían paso.

En todo caso, lo central del pensamiento intransigente católico era y sigue siendo el rechazo a la modernidad y en particular a su producto más genuino: la libertad de conciencia. Como afirmaba Gregorio XVI: “De esta corruptísima fuente de indiferentismo brota aquella absurda y errónea sentencia, o más bien delirio, de que se debe afirmar y vindicar para cada uno la absoluta libertad de conciencia. Abre camino a este pestilente error aquella plena e inmoderada libertad de opinión que para daño de lo sagrado y profano está tan difundido repitiendo algunos insolentes que aquella libertad de conciencia reporta provecho a la religión”.7

No es entonces por azar que en el México del siglo XX el proyecto de la Revolución mexicana encontrara su más férreo opositor en la jerarquía católica, de la misma manera que, por lo menos hasta la aplastante derrota en 1867, lo fuera del liberalismo. No es extraño tampoco que la idea de separación entre el Estado y las Iglesias, la libertad de cultos, la libertad de prensa y la libertad de conciencia, defendidas por los liberales mexicanos, fueran condenadas y combatidas por los obispos católicos. Como después la educación laica y las restricciones a la actividad política de la Iglesia, aunadas a una serie de medidas abiertamente anticlericales, enfrentarían desde su establecimiento la abierta oposición eclesiástica católica.

Lo que en México llamamos “la derecha” proviene de esta tradición integral-intransigente de oposición al liberalismo y a la Revolución mexicana. Un caso típico es el de la Unión Nacional de Padres de Familia, fundada en 1917 por el episcopado católico mexicano, para combatir la educación laica. El componente confesional y antimoderno de esta derecha se ve acentuado en la medida que el reconocimiento de las libertades individuales y personales avanza en el país. La “extrema segunda mitad del siglo XIX, como respuesta a la modernidad. La integral-intransigencia es esencialmente un modelo de sociedad que niega la división de esferas entre política y religión y la marginación de ésta a un ámbito específico de lo espiritual, al mismo que enfrenta de manera sistemática a los otros modelos de sociedad surgidos de la modernidad. Los principales elementos de este pensamiento integral-intransigente son el rechazo del individualismo, un organicismo basado en la idea de la Iglesia como un cuerpo cuya cabeza es el derecha” es aquella que, a pesar del paso del tiempo, rechaza cualquier posibilidad de transigir con el mundo moderno y sus consecuencias. Está constituida por aquellos grupos que todavía rechazan la libertad de cultos (por ejemplo, cuando niegan la diversidad religiosa en el país o buscan privilegios para la Iglesia mayoritaria), de prensa (cuando no soporta la crítica y busca acallarla), de expresión (al exigir la censura de películas o exhibiciones artísticas), o de conciencia (cuando se niega el derecho de las personas a decidir de acuerdo a la misma).

La conexión de la derecha católica con la institución eclesiástica y la doctrina puede ser muy variada. La actuación de la derecha en el plano social y político, aunque pueda ser semejante a la del episcopado por la similitud de sus posiciones ideológicas y acciones políticas, se distingue por la variable relación institucional (no es lo mismo ser una orden religiosa, que una asociación laica dentro de la estructura eclesiástica, que una organización de laicos católicos, pero independientes), su interés específico, su independencia organizativa y política frente a la jerarquía y su capacidad de gestión política. En el caso de México esta última característica es muy importante debido a la legislación en materia de religiones que prohibe específicamente el involucramiento de sacerdotes y ministros de culto en política partidista y electoral. Las organizaciones laicas católicas, que sí pueden actuar en dicho terreno, se convierten en ocasiones en el brazo de la jerarquía eclesiástica para orientar el voto de los ciudadanos o su participación política. Pero hay que distinguir las diferentes propuestas sociales y religiosas, así como las filiaciones de organizaciones tan diversas como el Opus Dei, que es una sociedad de vida apostólica, de los Legionarios de Cristo, que es una orden religiosa, o Ancifem, que es una organización cívica femenina que se guía por las enseñanzas pontificias, o Provida, que funciona como una organización no gubernamental de laicos católicos.

En las últimas décadas, la Iglesia parece haber aceptado algunas de las cosas que condenaba en el siglo XIX. Por ejemplo, puede aceptar la idea, condenada por el Syllabus, de que “no conviene ya que la religión católica sea considerada como la única religión de Estado, con exclusión de todos los demás cultos”. Como acepta la separación entre el Estado y la Iglesia, la libertad de cultos y, relativamente, la necesidad de que la ciencia tenga un espacio de autonomía. Pero en ningún caso la jerarquía católica ha aceptado la absoluta libertad de conciencia y la consecuencia de las libertades modernas. Digamos que el Syllabus no ha sido abolido. De hecho, puede afirmarse que las grandes batallas de la derecha católica en la época actual se dan alrededor de las consecuencias prácticas de la libertad de conciencia: el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre homosexuales y otros temas cruciales en materia de derechos individuales. Podría extrañar que organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia estén más activas en el tema del aborto que en el de la instrucción religiosa en la escuela pública. Pero lo cierto es que el Vaticano ha decidido enfocar sus baterías en cuestiones de moral sexual, desde hace por lo menos tres décadas. Y en el centro de los ataques se encuentra la crítica a la libertad de conciencia, de la misma manera que hace dos siglos. Sólo que ahora lo que se cuestiona es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, de acuerdo a su conciencia; a decidir tomarse una pastilla anticonceptiva, o utilizar la anticoncepción de emergencia o, en casos extremos, a abortar. De la misma manera que se cuestiona el derecho de los jóvenes a usar un condón y a disfrutar de su sexualidad, de manera informada y responsable. O de las parejas del mismo sexo a establecer una relación legal, estable y amorosa.

Para la derecha católica, la libertad sólo puede existir si está mediada por “la” verdad establecida doctrinalmente. La defensa de la vida, de la familia y de las tradiciones no son más que el rechazo de la modernidad y sus consecuencias, particularmente las libertades. Pero el avance de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las minorías hacen que la derecha católica se encuentre cada vez más aislada. Su combate se vuelve entonces más desesperado y se refugia en relaciones de poder, más que en argumentos convincentes. La condena al relativismo moral y al hedonismo, no son más que una nueva manifestación de su rechazo a la libre conciencia.

La diferencia de la derecha católica frente a otras derechas es, entonces, este rechazo a la modernidad y, específicamente, a las libertades modernas, particularmente la libertad de conciencia. Otras derechas seculares, o católicas liberales, no manifiestan ese rechazo a muchas libertades modernas y están dispuestas a aceptarlas, e incluso a defenderlas. Pero la derecha católica, en la medida que basa su rechazo en un discurso doctrinal ahistórico, inmóvil temporalmente, tiene enormes dificultades para aceptar los cambios sociales y políticos.

De esa manera, la derecha católica está condenada a la integral- intransigencia sólo en la medida que sigue atada a un modelo doctrinal y social anquilosado y permanentemente crítico de la modernidad. En la medida que ésta ha fallado como modelo utópico, o ha pasado a una etapa diversa (la posmodernidad), la derecha católica ha podido obtener algunos triunfos. Pero, a menos que se piense en un verdadero retroceso cronológico y político, la derecha católica no representa una real alternativa como modelo social. Por lo mismo, su suerte está atada a la de una doctrina que ha dado pocas muestras de entender los cambios sociales de nuestra época y que por lo mismo tiende a ser marginada de los procesos sociopolíticos.

Por último, también cabría la hipótesis de que si bien la derecha católica ganó la batalla dentro de la institución eclesiástica, fueron los católicos liberales o los liberales católicos los que la ganaron en el marco de la sociedad, no sólo en Francia o en Italia, sino también en México. Después de todo, fueron los liberales católicos o católicos liberales (recordemos que todavía en 1950 el 98% de los mexicanos eran católicos) los que establecieron el Estado laico, la separación entre el Estado y las Iglesias y todas las reformas liberales y laicistas de los últimos dos siglos. Aún hoy siguen siendo mayoritariamente los católicos los que empujan las reformas, por ejemplo, para introducir los anticonceptivos, despenalizar el aborto o aprobar la muerte asistida. Desde esa perspectiva, si bien es cierto que la estructura eclesiástica y la doctrina siguen siendo conservadoras, la feligresía se pasó desde hace tiempo del lado de las libertades. n

[1] Gastón Castella, Historia de los Papas (tomo I). Desde San Pedro hasta la Reforma católica, Espasa- Calpe, Madrid, 1970, p. 282.

[2] Ibíd., tomo II, Desde la Reforma católica hasta León XIII, p. 183.

[3] Ibíd., p. 180.

[4] Ibíd., p. 271.

[5] Algunas ideas al respecto las he desarrollado en Roberto Blancarte, “La influencia de las religiones cristianas”, en Guillermo Bonfil Batalla (comp.), Los inmigrantes y su cultura en México, Conaculta-FCE, México, 1993, pp. 517-541, y Roberto Blancarte, “Las fuentes del conservadurismo mexicano”, en Renée de la Torre, Marta Eugenia García Ugarte, Juan Manuel Ramírez Sáiz (comps.), Los rostros del conservadurismo mexicano, Publicaciones de la Casa Chata, México, 2005, pp. 197-206. Ver también Roberto J. Blancarte, “La doctrina social católica ante la democracia moderna”, en Roberto Blancarte (coord.), Religión, Iglesias y democracia, La Jornada Ediciones/Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Humanidades- UNAM, México, 1995, pp. 19-58.

[6] Pío IX, “Syllabus”, en Encíclicas pontificias. Colección completa de 1832 a 1958, tomo I, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1958, pp. 162-168.

[7] Gregorio XVI, “Epístola encíclica Mirari vos”, en Encíclicas pontificias. Colección completa de 1832 a 1958, tomo I, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1958, p. 41.

¿Por qué ganan?

Luis Salazar Carrión Revista Nexos, agosto 2007)

A primera vista, la respuesta es obvia: porque tienen los recursos, porque cuentan con los intereses, porque se apoyan en (y apoyan a) los grandes poderes fácticos del dinero, de los medios y de las iglesias. Porque, fieles a sus principios, imponen lo que según ellas es la ley natural, es decir, la ley del más fuerte. Pero vista con más detenimiento esta respuesta es insatisfactoria a más de maniquea. Pues donde hay democracia, el más fuerte es el que obtiene más votos, y la inmensa mayoría de los electores ni son empresarios ni son fanáticos. Y con alguna frecuencia llevan al gobierno a opciones de izquierda, que con mayor o menor acierto promueven la ley del más débil, la ley que nos iguala pese a todo en dignidad y en derechos. La propia experiencia de la construcción nunca terminada de democracias es la mejor prueba de que se puede derrotar y se ha derrotado históricamente a los defensores de las desigualdades y los privilegios, obligándolos a reconocer y asumir al menos la igualdad política de los ciudadanos, forzándolos a convertirse, aunque sólo sea nominalmente, en derechas democráticas. En derechas que por serlo seguirán defendiendo privilegios, intereses y jerarquías, que seguirán intentando limitar e incluso revertir la igualdad y los derechos, pero que tendrán que hacerlo sometiéndose al veredicto de las urnas.

Muchos pensadores de izquierda, desde Marx, han tratado de resolver este enigma: ¿por qué la democracia, al menos la democracia representativa, lleva al poder a partidos y movimientos de derecha? ¿Por qué la mayoría electoral no expresa automáticamente la mayoría socioeconómica? Y en este esfuerzo no pocos han terminado por denunciar a la democracia moderna como un mero engaño, como una mera mistificación, apostando por vanguardias iluminadas y tiranos revolucionarios, con los resultados que conocemos. Es la triste historia de las utopías de cabeza, de los mal llamados socialismos reales que en nombre de una mendaz igualdad social impusieron la mayor desigualdad política: la de los regímenes totalitarios. Por eso tendríamos que abandonar las explicaciones simplistas sobre la enajenación y la conciencia de clase, y preguntarnos en serio por qué en un mundo cada vez más salvajemente desigual triunfan las opciones de derecha.

II

Naturalmente las razones son diferentes según la historia y las circunstancias de los países en cuestión. El indiscutible avance de las derechas europeas tiene mucho que ver con las rigideces y hasta perversiones burocráticas de sus Estados de bienestar, pero quizá sobre todo se relacionan con el miedo y la inseguridad que generan los incontenibles flujos migratorios. Sin duda puede asombrar que personajes como Berlusconi en Italia, o políticas tan aventureras como las de Aznar en España, por no hablar de las de los gemelos siniestros en Polonia, mantengan a pesar de sus apretadas derrotas un amplio consenso social y electoral. ¿Cómo puede ser que ni la corrupción del primero, ni las grandes mentiras del segundo, ni el fundamentalismo de los últimos no parezcan suficientes para desprestigiarlos políticamente ante un electorado relativamente informado? ¿Y cómo puede ser que en Francia, el país de la Ilustración, se imponga un discurso tan cargado a la derecha como el de Sarkozy? Seguramente es incorrecto equiparar estos personajes y las fuerzas que encabezan, pero pocas dudas puede haber de que soplan vientos reaccionarios en el Viejo Continente. Vientos que ponen de manifiesto el predominio de las pasiones que siempre han sabido explotar la derechas: el miedo, la incertidumbre, el fatalismo y la xenofobia.

Éstas son también las pasiones que han aprovechado los neocon del gobierno norteamericano para justificar su desastrosa y unilateral guerra contra el terrorismo, que con la ayuda indiscutible del yijadismo islamista, es en buena medida responsable de la derechización del mundo contemporáneo. Una derechización que reivindicando el antagonismo amigo/ enemigo como eje de la política busca aprovechar la polarización generada por las ingentes desigualdades mundiales para legitimar la necesidad de restringir o cancelar los derechos fundamentales de millones de seres humanos, de utilizar las guerras preventivas y de cerrar fronteras para defender a como dé lugar el último gran privilegio de status (como lo denomina Ferrajoli) que reconoce el derecho internacional en nuestros días: el vinculado a la nacionalidad. En nombre de la seguridad nacional, del más rancio y reaccionario nacionalismo se vale todo, incluso desconocer la propia legalidad internacional y sus instituciones, derrocar gobiernos, apresar, torturar y asesinar personas en cualquier territorio, bombardear indiscriminadamente ciudades. No es casual que la inmensa mayoría de las derechas sean hoy nacionalistas e incluso localistas y que pretendan resolver todos los problemas amurallando sus fronteras y declarando guerras por doquier y para cualquier cosa (contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra los ilegales, contra toda lo que según su entender amenaza a “sus” ciudadanos).

Nunca se insistirá demasiado en que este lenguaje guerrero, polarizador y crispante siempre ha sido de derecha, es decir, útil para defender los privilegios de los fuertes contra las demandas de los débiles, y que las izquierdas han pagado muy caro cuando se han querido servir de él (con la guerra de clases, por ejemplo). Nada más eficaz políticamente que identificar al enemigo, al causante de todos nuestros miedos y malestares, e identificar simultáneamente un nosotros artificioso para suscitar apoyo, así como la mágica creencia de que todos los problemas se resolverían derrotando y exterminando a ese enemigo. Y nada más incompatible con la democracia bien entendida y con sus precondiciones, es decir, con el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de todos los seres humanos en una perspectiva auténticamente universalista y cosmopolita.

Pero el retorno de este lenguaje bélico y sus señuelos identitarios, a su vez, debe explicarse por el triunfo de un capitalismo salvaje y depredador a nivel global. Un triunfo promovido con irresponsabilidad por los organismos internacionales encargados, supuestamente, del desarrollo económico mundial, que lejos de favorecer el establecimiento de las condiciones institucionales públicas capaces de gobernar y disciplinar los poderes económicos emergentes, parecen haber asumido una visión mercadolátrica que hubiera desconcertado al propio Adam Smith. Olvidando todas las lecciones históricas de la primera parte del siglo XX, estas instancias y buena parte de los gobiernos decidieron, sin más, que lo público era sinónimo de corrupción y despilfarro, mientras que lo privado lo era de competencia y eficiencia. En este sentido, la derecha tecnocrática, que sólo puede ver a la política y a lo público como fuente de conflictos y desperdicios, abrió el camino para la derecha neoconservadora. Los derechos sociales, base del disfrute auténticamente universal de los derechos de libertad, fueron marginados e incluso ignorados so pretexto de que o eran imposibles o eran indeseables, en la medida en que impedían, obstaculizaban o de plano corrompían la flexibilidad, la eficiencia, la competencia e incluso ¡las libertades individuales!

Este tipo de concepciones se apoyaba sin duda en dificultades inherentes a la forma en que, en ciertos Estados, se habían interpretado burocrática y autoritariamente los derechos sociales y sus garantías, dando lugar a déficit públicos, clientelismo y parasitismo innegables. Pero se basaba también en un diagnóstico simplista según el cual bastaba privatizar, desregular y liberalizar para lograr un crecimiento económico que en los hechos pronto se convirtió en supersticioso y contraproducente respeto por el equilibrio de las variables macroeconómicas. De esta manera, las recetas neoliberales habrían de profundizar la debilidad de las instituciones públicas frente a los poderes fácticos económicos y sociales agudizando con ello las desigualdades sociales existentes, dando lugar en América Latina y en México a lo que se conoce como malestar creciente en las democracias que al menos en algunos países ya se ha convertido en malestar con la democracia, esto es, a derivas neopopulistas (en sentido político) que amenazan seriamente la vigencia y la sustancia de las propias reglas del juego de la democracia representativa.

III

En varios países de América Latina la polarización socioeconómica y la falta de un crecimiento económico satisfactorio ha generado una verdadera crisis de los partidos tradicionales favoreciendo el surgimiento de liderazgos caudillistas, personalizados, que con retóricas más o menos radicales ponen en cuestión la división y el equilibrio de los poderes públicos estatales. Aun si se presentan como opciones de izquierda, estos liderazgos utilizan estrategias de crispación y confrontación muy similares a los de la llamada nueva derecha europea, mostrando idéntico desprecio por los pesos y contrapesos esenciales del Estado constitucional y por el derecho existente. Pero aquí más bien nos interesa la evolución de las fuerzas derechistas en nuestro país, donde han logrado conquistar y mantenerse en el poder, a pesar de (y quizá en parte gracias a) la aparición de este tipo de liderazgos polarizadores.

En México, como en otras democracias recientes, la transición desde un régimen autoritario se realizó bajo la hegemonía de las concepciones antiestatistas antes mencionadas que, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se dieron a la tarea de sustituir el modelo económico proteccionista y estatista por uno supuestamente centrado en el mercado. La derecha tecnocrática, habiendo conquistado las instituciones públicas financieras después de la crisis de 1982, habría de imponer un proceso de modernización neoliberal que en los hechos favorecería una agudización sin precedentes de las desigualdades regionales del país, al tiempo que promovería un fortalecimiento oligárquico de grupos económicos cuasi monopólicos capaces de aprovechar sus relaciones e influencias sobre los encargados de esas instituciones públicas. De esta suerte, la presunta liberalización económica generaría más que una economía de empresarios innovadores, una economía de rentistas oligárquicos que conduciría a la quiebra de buena parte de la mediana y pequeña empresas y a una catastrófica informalización de la economía. Del mismo modo, el mundo laboral se segmentó en tres niveles profundamente desiguales: el de los grandes sindicatos relacionados con las instituciones y empresas públicas o con monopolios privatizados, que mantuvo e incluso incrementó sus privilegios en virtud de su poder corporativo estratégico o sus acuerdos políticos con los gobiernos en turno; el de los trabajadores de la economía formal, que sufrieron un fuerte deterioro económico lo mismo que un sindicalismo casi puramente aparente, a cambio de seguir perteneciendo al sector que ve reconocidos al menos algunos de sus derechos sociales fundamentales, y el inmenso nivel de los que no tenían más alternativa que la economía informal o la emigración hacia Estados Unidos.

De esta forma, en lugar de una economía dinámica y competitiva de emprendedores e innovadores, lo que se obtuvo fue una economía desarticulada, oligopólica, de empresarios rentistas asociados de forma más o menos opaca con una clase política siempre dispuesta a intercambiar favores y lealtades. Y en lugar de una sociedad propiamente civil y organizada se produjo una sociedad segmentada, fragmentada y dominada por hombres y mujeres fuertes, también ellos asociados a esa clase política. Lo que sólo pudo desembocar en un Estado todavía más debilitado, e incluso pervertido, por poderes fácticos que recorren transversalmente a todos los partidos e instituciones públicas. El viejo corporativismo clientelar lejos de verse desplazado se vio complementado por un nuevo clientelismo en el siempre creciente mundo de la economía informal, generando todo tipo de liderazgos depredadores e irresponsables.

Como consecuencia, tenemos un país divido en dos mitades social y regionalmente: la de los sectores (y los estados) que mal que bien han podido beneficiarse de la apertura económica o al menos conservar su situación, y la de los sectores (y estados) que se han hundido en una pobreza y marginación creciente. Naturalmente, incluso dentro de estas dos mitades existen también grandes desigualdades, pero parece innegable que esta división aproximada encontró su expresión política en las reñidas elecciones presidenciales del año pasado, en las que la derecha y la izquierda partidistas colorearon el mapa del país de azul o de amarillo, dejando al “centro” priista en un lejano tercer lugar. En este sentido habría que reconocer que dichos comicios representan un verdadero parteaguas en las historia electoral del México posrevolucionario: por primera vez la lucha no fue entre el autoritarismo (representado por el PRI) y la democracia (representados por los partidos de oposición), sino entre una opción que se identifica sin dificultad como de centro derecha (el PAN), y otra que no sin fuertes ambigüedades puede definirse como de izquierda (el PRD).

Es de lamentar que esto, que puede interpretarse como un avance para la política nacional y sus partidos, se viera fuertemente degradado por una campaña en que cualquier debate serio fue sustituido por una guerra mediática sin cuartel repleta de insultos, amenazas, ataques personales, filtraciones y vulgaridades que crisparon y polarizaron como nunca la sociedad mexicana en torno no a ideas y programas sino a personas e imágenes publicitarias. En todo caso, en medio de una polarización magnificada y prolongada de forma artificiosa por el candidato perdedor, ganó la derecha representada por Acción Nacional y su abanderado. ¿Cómo entender este triunfo después de un sexenio encabezado por un presidente políticamente analfabeto, lenguaraz, abusivo en su utilización de las instituciones, y que incumplió todas y cada una de sus promesas de campaña? ¿Cómo entenderlo después de un desgobierno que no se explica sólo por nuestro diseño institucional sino por la inmensa incompetencia de un hombre que de manera sistemática hacía el ridículo tanto a nivel nacional como internacional, deteriorando y desprestigiando (todavía más) las instituciones públicas?

Con seguridad la respuesta a estas preguntas pasa por las estrategias retóricas beligerantes y hasta insultantes del candidato perredista, que terminaron por amedrentar no sólo a un buen número de empresarios sino también a amplios sectores de las capas medias e incluso populares. Es poco probable que las metáforas ecuestres del ranchero de San Cristóbal hayan sido determinantes en las preferencias de los electores; pero es más que probable que las reacciones airadas y groseras del perredista tuvieran un efecto negativo decisivo para su propia causa. Como suele ocurrir en las contiendas entre nuestros partidos: ganó el que hizo menos autogoles.

Más allá de la anécdota, el PAN y su candidato supieron despertar los reflejos conservadores de una sociedad muy desigual pero que después de tantos años de “revolución institucionalizada” ha aprendido a apreciar la estabilidad y la paz. De una sociedad secularizada que poco o nada se identifica con las posturas clericales y antilaicas de los sectores más extremos de la derecha panista, pero que tampoco lo hace con las minorías radicales que secuestran instituciones, calles y ciudades para obtener prebendas y privilegios. De una sociedad, además, que en forma mayoritaria, según todas las encuestas, considera la inseguridad y la falta de empleo como problemas de mayor prioridad que la propia desigualdad y la pobreza. Se entiende por todo ello que optara, aunque por escaso margen, por una oferta política de derecha que asume de manera abstracta las banderas de “ley y orden” y de “crecimiento económico” y deja en segundo término los problemas estructurales de la agobiante desigualdad y del desamparo de millones de mexicanos.

Hasta donde puede colegirse por sus primeras acciones de gobierno y por su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón parece sustentarse en un diagnóstico de pura cepa conservadora sobre los problemas de la gobernabilidad que sufre nuestro país, poniendo en el centro de su política una imposible, interminable y peligrosa guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. No porque este desafío no sea crucial, sino porque pretende enfrentarlo “al estilo americano”, es decir, utilizando toda la fuerza militar del Estado en un combate frontal más que incierto, aumentando el rigor de las leyes penales e incluso restringiendo o cancelando derechos fundamentales. Después de tantos años de este tipo de retórica bélica ya tendríamos que saber que tales estrategias puramente represivas y prohibicionistas sirven de poco y generan efectos perversos de enorme magnitud.

En el mismo sentido parecen dirigirse las reivindicaciones genéricas del “Estado de derecho”, utilizadas como coartada para imponer penas desproporcionadas a minorías ciertamente vandálicas como las de Atenco, mientras se mantiene la impunidad de cuerpos policiacos y gobernadores no menos vandálicos. Curioso “Estado de derecho” que se ensaña con delincuentes menores al tiempo que cobija negocios ilegítimos e ilícitos de empresarios y líderes mafiosos, en un juego de complicidades y apoyos recíprocos. Donde se sentencia con seis años de prisión a un mujer por el delito de dar de comer a unos guatemaltecos ilegales y, en cambio, se utilizan instituciones como la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (¡sic!) para demandar la inconstitucionalidad de una reforma que simplemente despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, reconociendo así un derecho fundamental de las mujeres. Este uso faccioso, partidista y discrecional de las instituciones públicas es tal vez la peor herencia del viejo régimen autoritario que tanto los gobiernos democráticamente electos de Fox y de Calderón parecen querer mantener (lo mismo, lamentablemente, que los gobiernos “de izquierda” de la capital de la República). Un uso que es a todas luces incompatible con cualquier idea seria de lo que es y debe ser un auténtico Estado de derecho.

Finalmente, hay que señalar como otro de los rasgos distintivos de la derecha panista su total y absoluta voluntad de someterse a los poderes fácticos del dinero, de los medios y de las peores corporaciones sindicales, siguiendo así las más rancias tradiciones priistas de los arreglos opacos y las concesiones discrecionales a cambio de lealtades de corto plazo. Lo que necesariamente se traduce en una visión de las reformas que hacen falta —desde la hacendaria hasta la electoral— que lejos de proponerse la configuración de un verdadero Estado social de derecho capaz de garantizar una efectiva igualdad en derechos, sólo parece buscar asegurar una gobernabilidad que deje intocados los privilegios de los poderes fácticos existentes, es decir, de los más fuertes.

Sería deseable que una izquierda con auténtica visión de Estado utilizara su fuerza electoral para contrapesar y proponer verdaderas alternativas —y no sólo candidatos— al magro e insensible proyecto de nuestra derecha política. Pero más allá de algunas escasas señales en este sentido, lo que parece predominar en nuestra izquierda partidaria es una política miope, caudillista, intransigente en la retórica y profundamente mafiosa en la práctica. n

Fox el derechista

Adolfo Sánchez Rebolledo (La Jornada; 27 septiembre del 2007)

Es significativo, como bien apunta Jacobo Zabludovski, que a lo largo de la delirante y ostentosa entrevista a la revista Quién, Vicente Fox omita referirse a figuras de la historia o cultura de México, salvo a Juan Cristero, personaje que, según él, inspira desde el comienzo su actuación política: “Claro que tengo héroes, entre ellos están los cristeros. Una persona que defienda la libertad de religión como lo hicieron ellos se merece todo mi respeto y admiración. Por eso me parece una aberración garrafal que el PRI haya desaparecido de los libros de texto esa lucha cristera. Vergüenza les daba reconocer que el pueblo de México defendió su religión y su libertad. Tengo un héroe que llamo Juan Cristero que enfrenta un pelotón de fusilamiento con un cigarro en la boca y una valentía increíble. Eso me da mucha fuerza”.

No es la primera vez que el ahora activo vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro se declara ferviente seguidor de Anacleto González Flores. Ya al inicio de su vertiginosa carrera en Guanajuato, el empleado de Coca Cola y mediocre ranchero confirmaba su adscripción militante a la derecha levantisca, con expresiones semejantes por su contenido a las más recientes. Al parecer, en el propio Museo Cristero, ubicado en Encarnación de Díaz, Jalisco, se conservan los registros de dichas manifestaciones, a las cuales habrían de sumarse los dichos y actuaciones para erosionar –sin éxito– el laicismo siendo candidato y, luego, jefe de Estado.

Como sea, la insistencia del ex presidente Fox en abrirse a cualquier costo un espacio en la vida pública nacional, lejos de ser la mera expresión de frivolidad atribuible a una personalidad distorsionada por el abandono de la gran escena (que lo es), forma parte, en mi opinión, del rejuego entre los distintos componentes del amplio campo de la derecha, cuyo presente y futuro no está muy claro hoy, dados los obstáculos casi insuperables creados por el fracaso del foxismo, su costosa intervención para impedir la victoria de la izquierda, incluidos el desafuero y las campañas mediáticas abrumadoras y agresivas. Es verdad que al final se impusieron en 2006, como presume Fox, pero los costos (pese a las encuestas) han sido terribles para ellos y para el país.

La aparente unidad en contra de Andrés Manuel López Obrador probó ser una frágil alianza de intereses diversos y hasta contradictorios entre los poderes fácticos, los hombres del poder asentados en la alta burocracia, el empresariado tímido y a la vez voraz, pero jamás moderno, las jerarquías católicas y esa importante franja ciudadana que hizo suyo el lenguaje “del cambio” y que ahora vive insegura y cada vez más decepcionada de la vida pública, tan alejada del juego civilizado e inocuo que les habían prometido. En rigor, no había ni hay “proyecto” digno de tal nombre. Apuesta, eso sí, por la continuidad del orden con los mismos participantes.

Pero Fox, como el personaje de Zorrilla, dejó la presidencia “imposible” para él y para su sucesor. El panismo histórico se había evaporado a favor del simplismo “democrático”, cuyas contradictorias raíces derechistas se muestran a la menor presión sobre la piel blanquiazul de ese partido. Ante un país cada vez más desigual e injusto, los grandes proyectos del foxismo resultaron “adaptaciones” fallidas de las aspiraciones de los intereses dominantes del imperio. La modernización “de clase mundial”, la “amistad” personal con Bush, resultaron penosas exhibiciones de ineptitud. Las inercias conservadoras renacieron a contrapelo de la necesidad y la historia. Tanta tradición panista para culminar en esa vulgata derechista con un velo de renovación pro empresarial.

En consecuencia, visto lo visto, no extraña que hoy se apele a los símbolos militares como expresión máxima del discurso presidencial, más allá de las urgencias objetivas del combate al crimen. La ideología cojea. Facturado en un salón de Los Pinos en una extraña transmisión del mando, ése es el sello natal de este gobierno. Dicho de otro modo, en el seno de las fuerzas dominantes se percibe también la crisis como imposibilidad de mantener vigente la “victoria cultural” que los llevó a la alternacia.

Fox, Espino, Abascal, por no mencionar a los que ya forman un nuevo partido, son las cabezas visibles de ese segmento de la derecha que ha probado el poder y no quiere soltarlo y está más que dispuesto a alinearse con cualquiera que engrose sus filas o le brinde apoyo.

La vinculación de Espino y el ex presidente con las corrientes internacionales derechistas es más que obvia. En Chile se pronuncian por la ruptura de la Concertación. En Venezuela adoptan el discurso intervencionista más descarado y, en general, sostienen las posturas de Bush o la traducción al español de tales visiones, realizada por José María Aznar, ahora profesor en alguna institución privada nacional.

El gobierno que prometía “rebasar por la izquierda” a López Obrador hoy se conformaría de mil amores si fuera considerado de “centro”, como se autonombra la derecha, pero Fox y los suyos están ahí, entre otras cosas, para recordarles a los panistas quiénes son, de dónde vienen y qué se espera de ellos. Por una de esas paradojas de la historia, a Felipe Calderón, siendo presidente de su partido, le tocó cederles el paso a los neopanistas cuyas ambiciones nadie podía frenar. Ahora se vuelven a encontrar, pero sin red de protección. Vale decir, con los “valores” muy maltratados.

 

 

Complicidades y elites.

Luis Linares Zapata (La Jornada)

Desde que Santiago Creel salió del limbo donde empolló durante casi un sexenio completo, no encuentra el debido acomodo en otro sitio más terrenal. Por un lado, su conciencia personal que lo impele a buscar una inasible reivindicación, y por el otro, el pesado fardo de sus complicidades, errores y omisiones varias le están pasando las cuentas sin contemplación alguna.

Como casi todos los miembros de esas cúpulas decisorias encaramadas sobre partidos y burocracias, el ex secretario de Gobernación, y ahora senador por similares gracias, al fintar con seguir una conducta apegada a individuales posturas y creencias, choca con sus antaños favorecidos y hasta con los mismos correligionarios que lo urgen a comportarse como hombrecito.

Vicente Fox, el rencoroso ranchero nailon que fungía como mandón de gerentes, lo protegió durante largos años de mediocre desempeño, pero le endosó abultadas facturas que pagar. La principal quizá sea la relativa a las perversas relaciones que ambos prohijaron con los medios de comunicación, en especial con Televisa. A ella le hicieron innumerables favores esperando reciprocidad a su debido tiempo. El momento de Fox llegó durante su prolongada vendetta contra Andrés Manuel López Obrador y obtuvo compensaciones varias. Creel, en cambio, no recibió los apoyos pensados ni en su empeño por ser candidato presidencial ni, menos aún, ahora que quiere labrarse un nichito adecuado a sus ambiciones personales.

El cada vez más disfuncional senador de la República oficial debió poner mayor atención a la fallida y triste intentona de Arturo Montiel por hacerse con la candidatura del PRI en la pasada contienda electoral. Televisa fue el conducto eficiente para su defenestración sin atender a sus cuantiosas aportaciones a las utilidades y tesorería de esa empresa de medios.

Siendo Creel un suspirante candidato que circuló entre los fríos abandonos panistas y el cielo de las designaciones por dedazo sahagunesco (a su decir, desde el inodoro, incoloro e insaboro limbo de los inocentes) puso todo su futuro político en las veleidosas fauces de Televisa. Para ello le entregó un apreciable anticipo: un rosario de permisos para instalar casas de juego en todo el país. Un indebido favor de grandes dividendos para los accionistas de Televisa, calculados, según enterados, en algo así como unos 500 millones de dólares. Nada despreciable obsequio para esa empresa, ya de por sí recargada en las simpatías federales y en los inducidos o forzados mordiscos a los erarios de partidos, estados y municipios.

Creel quería, con afán de primerizo, ser el candidato privilegiado de la derecha empresarial y la gente bien que se informa en la televisión. Lo demás se daría por derivada influencia y chisporroteo hacia la chusma. Después de esa hazaña, la misma Presidencia estaría al alcance de una sonrisa estudiada, un desplante valentón para defender a los desvalidos o una monta de cuaco con el traje adecuado. La compra de tiempos para su campaña la tenía, pensó para sí mismo, asegurada con tamaño favor anticipado y con irresponsable cargo a las atribuciones que le derivó el Ejecutivo federal. Creel se equivocó a todo lo largo y ancho de su mediocre desempeño como miembro del ineficiente gabinete de los gerentes. La cruel, cotidiana, terca realidad de las traiciones, envidias e ingratitudes lo ha alcanzado en carne propia y a todo color de pantalla.

Caminando sobre una tierra resquebrajada para sus trasteos de legislador, si quiere sobrevivir, Creel tiene que fincar su presente sobre terrenos diferentes y sacar un talante hasta ahora desconocido. La coordinación de la bancada panista será para él una tarea llena de trampas y sujeta a presiones indebidas por casi todos sus lados. Unas, las más onerosas, le vendrán de sus patrocinadores y, las más comunes, de un Calderón atado a sus propias ilegitimidades y corta imaginación.

Creel no tiene la disposición ni tampoco la experiencia del contacto directo con la gente común, por tanto, apelar a esa clase de apoyo es plegaria insensata. El, como casi todos los miembros de la clase política mexicana de la actualidad, se mueve, oye, dirige sus palabras, convive, otea el horizonte y fija la mira sólo entre los integrantes de los grupos de presión. Más allá de ellos les queda el vacío: ese horrendo y oloroso lugar lleno de rebeldes desagradecidos, nacos, gente floja que rescatar a pesar de no merecerlo. Su quehacer político se desenvuelve en los salones refinados, en las reuniones con expertos, en comedores exclusivos, en telefonazos para tocar sensibilidades refinadas, en comidas, cenas y desayunos con líderes de opinión, con publicistas de imagen y conductores de noticieros o focus group. Es decir, un enjambre de personas y circunstancias que poco le servirán para mantener el equilibrio ahora que Televisa lo tiene en la mira de sus desafectos. Ahora que quieren aflojarle esos arrestos que ha mostrado, con el pudor y cuidado obligado a su entrenamiento de abogado corporativo, para legislar según su opinión y creencias particulares.

La ley Televisa es un coto en el que no pueden inmiscuirse aquellos que, para los masivos intereses de los medios electrónicos (en especial para los de Televisa) pocos, muy pocos, pueden acceder. El mismo presidente del oficialismo debe cuidarse de las pasiones de los televisos y los rencores de sus correligionarios en medios similares, pues ven, recelosos, que quiere aprovecharse de las nubladas circunstancias actuales que dejaron las sentencias y opiniones de la Suprema Corte de Justicia.

Creel, por lo que se ve, no es uno de los invitados al exclusivo banquete y el aviso que le han enviado es terminal. Así son las reglas de la politiquería, ésos son algunos de los costos por rondar el poder decisorio y que contraen los que entran al grosero mundo de las complicidades. Esas son, también, algunas de las consecuencias que recaen sobre los que se alejan de las necesidades y aspiraciones del pueblo a quien no conocen, no tratan, no atienden ni les preocupan sus vicisitudes cotidianas.

 

Lorenzo Meyer

Dos gatos y un ratón que se escapa
Fecha de publicación: 2-Mar-2006. Diario Reforma.

No importa si al ratón perredista lo atrapa el gato blanquiazul o tricolor. Sin embargo, desde la perspectiva del gato, la diferencia es fundamental
Ironía

Si dos de las tres fuerzas partidistas que hoy se disputan la Presidencia decidieran unir fuerzas, asegurarían sin mayores problemas la derrota de la tercera. Podrían, incluso, y de cara al futuro inmediato, hacerla inviable. En una lógica de “grandes intereses” de derecha, esa alianza de dos contra uno tendría que ser un imperativo o casi. Parafraseando a Deng Xiaoping en 1986, la derecha mexicana podría decir: no importa si el gato es azul o tricolor, lo importante es que cace al ratón populista. Sin embargo, a estas alturas y por fuertes razones históricas, institucionales y personales, es muy difícil, por no decir imposible, que pudiera concretarse esa unión de esfuerzos e intereses de las corrientes conservadoras para hacer un frente común en contra de lo que ellas consideran el peligro populista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Para comprobar las posibilidades de una hipotética “derecha amplia” basta tomar las últimas encuestas en torno a las preferencias de los electores de cara a la próxima elección presidencial. La del periódico Reforma del 20 de febrero, por ejemplo, señala que esas preferencias son: 38 por ciento para AMLO, 31 por ciento para Felipe Calderón y 29 por ciento para Roberto Madrazo. Otras encuestas tienen cifras diferentes, pero en todas el orden de preferencia se mantiene. Desde esta perspectiva, resulta claro que si el PAN y el PRI unieran fuerzas, aplastarían al candidato del PRD, incluso si se supone que algunos de los votantes cambiaran su voluntad como consecuencia de la alianza. Hoy, el PRD tiene apenas cinco gobiernos locales en tanto que PRI y PAN juntos suman 27, y las maquinarias electorales a ras del suelo son, en gran medida, movidas por los gobernadores.

Saltemos de las preferencias de los votantes a otra arena donde las raíces son más profundas. En una encuesta internacional de valores levantada en el 2000, justo en el momento en que México ingresó al conjunto de naciones democráticas, el 51 por ciento de los mexicanos encuestados se definieron a sí mismos como de derecha, el 33 por ciento de centro y apenas el 16 por ciento restante de izquierda. La misma encuesta encontró que más de la mitad tenía como prioridades la estabilidad económica y luego el crecimiento, pero nada relacionado con el cambio social. Y si hoy el rechazo al aborto como asunto de principios es una de las características que comparten las derechas en el mundo, entonces México con un 69 por ciento de repulsa está muy por encima incluso de Estados Unidos (Ronald Inglehart, et al., Human Beliefs and Values, en Sergio Aguayo, Almanaque México Estados Unidos, México, 2004, pp. 28-37). Es verdad que ha pasado un lustro desde la citada toma del pulso cultural, pero no es aventurado suponer que en materia de valores tan corto lapso no puede haber cambiado mucho la naturaleza de los valores dominantes en México, valores que lo definen como un país conservador.

La naturaleza del sistema

Entonces, ¿cómo explicar que hoy por hoy, en un país autodefinido como de derecha, AMLO y el PRD -una izquierda, por cierto, muy moderada pues no propone una reforma fiscal sino apenas una política social más agresiva (“los pobres primero”) y el mantenimiento de los energéticos en manos del Estado- estén quitándole el sueño al presidente Vicente Fox y a muchos como él, porque efectivamente existe la posibilidad de que el próximo 2 de julio se hagan del Poder Ejecutivo por la vía democrática, es decir, jugando con la regla de la mayoría?

Parte de la explicación reside en el hecho de que México, como el resto de las antiguas colonias españolas en América, finalmente se decidió por un sistema presidencial de gobierno, al estilo norteamericano, y no por uno estilo europeo, es decir, parlamentario. De esta suerte, nos comprometimos con una asignación del poder donde el ganador se lo lleva todo, incluso si la victoria es por mayoría relativa, como será la de AMLO si finalmente se materializa. Si en el momento fundacional se hubiera optado por un sistema parlamentario, hoy el PAN y el PRI podrían, sin mayor dificultad, poner al primer ministro y repartirse los puestos del gabinete dejando a la izquierda donde ha estado desde que concluyera el gobierno del general Lázaro Cárdenas: marginada del proceso de toma de decisiones.

La historia

El México conservador no puede hoy tener unidad porque en su origen el PAN y el PRI representaron un verdadero enfrentamiento ideológico. En efecto, en 1939, cuando surgió un agrupamiento de derecha con el extraño nombre de “Acción Nacional” (el nombre no era original, sino tomado de una organización que se había formado en 1931 en España, encabezada por un monárquico, Antonio Goicoechea, y que más tarde se transformó en Acción Popular), el PRM -antecesor del PRI- era un partido con un proyecto de izquierda. El PAN presentó entonces una plataforma política que planteaba la construcción de un México posrevolucionario y acorde con los valores de una derecha democrática y católica, contraria al populismo cardenista y a su estructura corporativa dominada por los intereses de campesinos, obreros, militares y el sector “popular”.

La lucha del PAN-David contra el gigante partido de Estado, el PRM-Goliat, fue al inicio conmovedora y, por momentos, heroica. Sin embargo, ese PRM se convirtió pronto en el PRI y en el proceso se despojó de sus ideas de lucha de clases y de la construcción de un país dominado por los intereses de los trabajadores. A partir del sexenio alemanista (1946-1952) la política real sustentada por el PRI se fue acercando en muchos aspectos prácticos a la propuesta del PAN. Un punto importante de encuentro fue el anticomunismo, abierto y central en el PAN y discreto pero muy efectivo en el PRI. Igualmente importante resultó que desde Manuel Ávila Camacho, el factor dominante en el PRI, la Presidencia, se acercara a la Iglesia Católica, la tomara en cuenta y la hiciera, también de manera discreta, parte integral del sistema de poder.

Finalmente, el gran catalizador que habría de acabar con lo que quedaba de la vieja confrontación del PAN con el PRI y desembocar en la cooperación abierta de las dirigencias efectivas de los dos partidos, fue la crisis final del modelo de economía cerrada y estatista en 1982 y luego la aparición del neocardenismo y del PRD. El surgimiento de un “enemigo común” hizo que el PRI virara hacia las posiciones del PAN y adoptara como propio el proyecto neoliberal enmarcado en el “Consenso de “Washington”. En esas condiciones de acuerdo en torno a las privatizaciones y a la prioridad del mercado como la forma básica de asignar los recursos, resultaron naturales -inevitables- las llamadas concertacesiones entre la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari y la dirigencia panista. El acuerdo tácito de los anteriormente enemigos constituyó el corazón de la política del salinismo y de su sucesor, Ernesto Zedillo. Sin embargo, esta cooperación en lo sustantivo producto de la acentuación del viraje hacia la derecha de un PRI que se había liberado de su propia izquierda (la “Corriente Democrática”), no desembocó en la disolución de los dos viejos enemigos para fundirse en una nueva organización que sustentara un proyecto económico compartido casi en su totalidad.


El peso de los intereses creados o la tragedia de la derecha


Desde hace tiempo se ha asegurado que “la derecha no tiene ideología, tiene intereses”. Sin embargo, la realidad no es tan tajante. Dentro de la derecha hay elementos ideológicos que pueden ser vistos como importantes y, sobre todo, existen los intereses personales, pueden ser encontrados. De lo contrario, ¿cómo explicar que, pese a que las dirigencias del PAN y el PRI comparten el núcleo duro de sus intereses y ambas se sienten amenazadas por un posible y cada vez menos remoto triunfo del PRD, el PRI no aceptó la invitación que hace tiempo le hiciera el presidente Fox en “Los Pinos” al líder priista Roberto Madrazo para que “cogobernaran el cambio”? Elba Esther Gordillo entendió bien la poca distancia que realmente hay entre “Los Pinos” y el PRI y no titubeó en tomarle la palabra al Presidente, pero Madrazo no.

Y es aquí donde entra el elemento personal y de grupo. Desde la perspectiva del gato, sí que importa si es el blanquiazul o el tricolor quien disfrute del “privilegio de mandar”. Y es aquí donde se encuentra la gran oportunidad de la izquierda mexicana, pues siendo la derecha mayoría y controlando las fuentes principales del poder económico, su división histórica está a punto de hacerle perder el control que ya tenía de tiempo atrás sobre la Presidencia.

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