Los ideólogos de los empresarios. (Giménez y Murayama)

Posted on julio 29, 2007. Filed under: Cultura, Derecha, México, Oligarquía, Política |

  Luis Emilio Giménez Cacho y Ciro Murayama (Revista Nexos #355, julio 2007)

Si nos atenemos a la definición de Michelangelo Bovero en el sentido de que quien “afirma ‘soy de izquierda’ no responde a la pregunta ‘¿quién eres?’, ‘¿cuál es tu identidad política?’ sino a la interrogante ‘¿en dónde estás respecto a otros, cuál es tu ubicación?’ ” (nexos, 348) y que, por tanto, ser de izquierda quiere decir tomar una posición, también sería válido analizar y situar a la derecha no por lo que intrínsecamente puede aspirar a ser, sino por sus definiciones ante asuntos específicos. Ya Norberto Bobbio había señalado años atrás (Derecha e izquierda), en aquel tiempo en que se pretendió decretar el fin de las ideologías y el fin de la historia tras la implosión de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de Europa, la vigencia de los términos izquierda y derecha a partir de la manera en que se abordaban los problemas relacionados con la igualdad y la libertad: mientras la izquierda ha puesto mayor énfasis en la igualdad social, la derecha da preeminencia a la libertad individual. Conjuntando las propuestas de Bobbio y Bovero, entonces, en el terreno de la economía la distinción entre izquierda y derecha puede conducirse a través de la identificación de las posturas que se adoptan frente a los temas de la libertad y la equidad o cohesión social. En términos simples, las propuestas económicas con énfasis en los derechos de los individuos, por ejemplo, privilegiando la libertad de mercado, tendrían correspondencia con una definición más cercana a la inspiración de la derecha, mientras que priorizar los derechos sociales, la equidad entre individuos, caracterizaría a una posición de izquierda en materia económica. La guía anterior, por supuesto, quiere ser eso y no una navaja de corte fino que deje perfectamente delimitadas a ambas corrientes a uno y otro lados, pues resulta obvio que existen múltiples matices: por ejemplo, la socialdemocracia desde hace décadas se ha comprometido con la economía de mercado así como con los derechos políticos individuales al tiempo que, también, distintos partidos liberales de derecha no necesariamente renuncian al mantenimiento del Estado de bienestar.

En nuestro caso, un análisis de la visión y propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el desarrollo del país, permite establecer que para esta importante organización empresarial es a través de la libertad de mercado, así como de la existencia de condiciones para el ejercicio de la libre empresa y su ampliación —por ejemplo, para poder invertir en áreas aún restringidas como la energética— como se solucionará el conjunto de problemas del desarrollo. Para la Coparmex, si bien de forma loable el crecimiento económico es un objetivo sin el cual las demás metas podrán ser incumplidas, no deja de ser llamativo el hecho de que con frecuencia sus propuestas sugieran que el Estado se inhiba para realizar acciones que promuevan el crecimiento y que afecten el ciclo económico en su fase descendente —es decir, aboga para que el Estado no aplique políticas anticíclicas, keynesianas.

Por otra parte, en el discurso empresarial mexicano se han incorporado preocupaciones referidas al tema de la pobreza y de la desigualdad —aunque este último en menor medida—, pero la solución a los mismos y la consecución de la equidad aparecen como una meta secundaria, o bien residual, que se alcanzaría una vez que la economía haya removido otros obstáculos para su buen desempeño. Así, no se llega a entender a la pobreza y a la desigualdad como problemas propios de la economía, que deben resolverse como condición para trascender los límites estructurales que afectan su dinamismo. La tesis que coloquialmente se ha resumido como que primero es necesario agrandar el tamaño del pastel para que, después, cada quien pueda acceder a un trozo mayor, es la que priva en esa visión empresarial.

En general, puede decirse que en lo que se refiere al papel del Estado en la economía, la Coparmex enfatiza la necesidad de que éste salvaguarde los derechos individuales y la libertad de acción para el particular —lo que en buena parte implica un “no hacer” del propio Estado al no intervenir, no interferir, salvo a lo que se refiere, de forma destacada, al asunto de la inseguridad— y relega en el mejor de los casos, aunque casi siempre ignora, el cumplimiento de los derechos sociales —para cuya consecución y ejercicio por parte de los ciudadanos se requiere un Estado que “sí haga”, sí intervenga, sí promueva, sí reparta, sí recaude, sí actúe— como fin y como materia a impulsar por las políticas públicas.

Un asunto nodal que no puede soslayarse en la visión de la derecha empresarial mexicana, es su concepto exclusivista sobre los actores que intervienen en las decisiones que afectan al crecimiento económico y las políticas de desarrollo social. El derecho de los trabajadores a participar en el debate económico no forma parte de su horizonte. El arreglo institucional en materia de crecimiento económico sería, en su perspectiva, la consecuencia de un nuevo acomodo entre los intereses de los particulares y las capacidades de acción del Estado. La empresa, como eje central de articulación de las relaciones económicas entre particulares, sería la clave maestra del crecimiento. El potencial de la economía depende exclusivamente de la libertad con que ésta pueda desenvolverse. La realidad de la institucionalidad económica mundial desmiente ese simplismo en el que por la empresa hablan solamente los empresarios.

Los derechos laborales tienen un reconocimiento prácticamente universal en las democracias modernas. Las convenciones internacionales, desde los convenios de la Organización Internacional del Trabajo hasta los arreglos del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), comprometen al país a reconocer y hacer cumplir los derechos de los trabajadores a la libre sindicalización, a la contratación colectiva y a la huelga. Las economías de la Unión Europea cuentan con Consejos Económicos y Sociales que ofrecen el espacio institucional para el diálogo y la concertación entre los representantes empresariales y de los asalariados. La visión empresarial mexicana excluye a estos últimos de cualquier protagonismo eficaz. La paradoja es que la Coparmex, que ha sido considerada por muchos años la voz dominante de los empresarios, ocupa un puesto en el escenario de los debates económicos gracias, precisamente, a su estatuto de ser el único sindicato patronal bajo las reglas de la Ley Federal del Trabajo.

En el análisis que ahora ofrecemos sobre las definiciones de la Coparmex, el material base que se utiliza es el documento Propuestas 2000-2010, que la confederación preparó al inicio de la década en curso, siguiendo ejercicios que había elaborado con antelación para los sexenios 1988 a 1994 y de 1994 a 2000. Las propuestas de la Coparmex se inscriben en el objetivo de ofrecer una visión de largo plazo para México, que abarque los decenios 2010, 2020 y 2030. Como se podrá ver en las líneas que siguen, buena parte de las preocupaciones y sugerencias de esta organización empresarial han sido recogidas durante las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional —y otras venían siendo incorporadas al diseño institucional y de políticas puestas en marcha en México dentro de las coordenadas del Consenso de Washington por los gobiernos de corte neoliberal en el país, de 1982 a la fecha— pero también han logrado crear un cierto “sentido común” en nuestra sociedad y, en particular, en sus elites políticas e intelectuales acerca de cómo debe conducirse la economía, cuáles deben ser sus prioridades e instrumentos de actuación. Esta reflexión se realiza de cara a ese “consenso” que en buena medida se amolda al statu quo existente, y que hace un balance positivo de los resultados de la economía mexicana instalada ya por demasiado tiempo en lo que Rolando Cordera ha definido como el “estancamiento estabilizador”, y que en nuestro caso está dando lugar a una versión vernácula de la “cultura de la satisfacción” de unos pocos a que se refirió John Kenneth Galbraith para llamar la atención sobre la escasa aversión a la desigualdad en la sociedad estadunidense.

Las propuestas de la Coparmex, en gran parte referidas al campo de la economía, trascienden esa esfera, tocando áreas como la educación y el sistema político que aquí se analizarán de manera sucinta pues, al final, esas definiciones también son útiles para comprender el perfil ideológico de la más relevante agrupación empresarial mexicana.

El Banco de México: Guardián de los precios, no del crecimiento

La estabilidad macroeconómica permanente es la condición prioritaria que, para la Coparmex, ha de cumplirse para que sean factibles el crecimiento y la generación de empleos. En consecuencia, propone “Plena autonomía al Banco de México en materia de política monetaria y cambiaria, con la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios y el poder adquisitivo de la moneda, mediante mecanismos del propio mercado”, así como el “establecimiento de metas multianuales de inflación similares a la de nuestros principales socios comerciales con un rango de tolerancia no mayor a más/menos dos puntos porcentuales”. Al respecto, cabe señalar que desde abril de 1994 la Constitución establece que el Banco de México goza de autonomía, misma que, de acuerdo con la propia autoridad monetaria, “implica que ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación”. Esto es, puede afirmarse que por disposición constitucional en México la política monetaria está “blindada” frente a decisiones políticas, del poder ejecutivo o legislativo, que le impelan, por ejemplo, a emitir moneda para extender el circulante y la demanda agregada en la economía con riesgos inflacionarios. Pero en el mundo existe más de un modelo de autonomía para la banca central. En nuestro caso la Constitución no especifica —como tampoco aparece en las definiciones de la Coparmex— que el Banco de México tenga la responsabilidad de procurar el crecimiento económico o la creación de empleos, como sí ocurre con el mandato de la Reserva Federal en Estados Unidos. En México, entonces, hay un diseño institucional que atiende a las preocupaciones referidas al control de precios pero no al crecimiento, es decir, que pone énfasis en la estabilidad macroeconómica nominal soslayando la estabilidad macroeconómica real.

Impuestos: Pocos y parejos

La debilidad de la carga tributaria mexicana (apenas 10.2% del PIB), así como la volatilidad de los ingresos públicos (alta dependencia de los ingresos petroleros) no figuran en el diagnóstico de la Coparmex, aunque sí presenta propuestas en materia de recaudación fiscal. Propone, en concreto, “un nuevo sistema [fiscal] que sea general, es decir, parejo para todos”, “un sistema con pocos y bajos impuestos”. Un tratamiento, parejo para todos, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, implica que el ingreso disponible —después de impuestos— de los individuos crezca pero, a la vez, que las posibilidades de acción redistributiva por parte del Estado disminuyan. En un país con la enorme concentración del ingreso que tiene México, dar un trato igual a sujetos desiguales se convierte en una política regresiva, contraria a la equidad. Y en efecto, la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta ha caído por acuerdo del Congreso. La Coparmex insiste, además, en la eliminación “de la tasa cero de IVA a las medicinas”.

Acompañando la definición para mantener bajos los impuestos, la Coparmex sostenía desde el 2000 la necesidad de “establecer el compromiso legal de que el déficit del sector público no deberá exceder el 1% del PIB en los próximos 10 años”. En 2006, la aspiración de legislar contra políticas anticíclicas por el lado del gasto se traduciría en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Pensiones: Un asunto individual

Los esquemas de solidaridad intergeneracional —donde los trabajadores en activo contribuyen a los ingresos de los retirados— e intrageneracional —hay transferencia de recursos de los trabajadores que mayores remuneraciones recibieron durante su vida activa hacia los de menor nivel—, que estructuraron el diseño de los sistemas de pensiones de los Estados de bienestar en los países industrializados, tienden a ser sustituidos por sistemas de cuentas individualizadas, donde el componente solidario se ve disminuido y, con ello, los objetivos de equidad y cohesión social.

La Coparmex propone “para integrar al mayor número de trabajadores a los sistemas de ahorro para el retiro, reforzar los esquemas existentes para los trabajadores al servicio de los gobiernos federal y estatales, incorporándolos a sistemas de cuentas individualizadas”, así como “crear sistemas de ahorro para el retiro con fondos libres con tratamiento fiscal favorable a largo plazo” —con lo cual, los trabajadores de mayores ingresos, por ejemplo, podrían depositar parte de sus rentas en estos fondos y, a través de esa vía, exentar el pago de impuestos—. La agenda de la Coparmex en materia de pensiones va teniendo éxito, como lo demuestra la reciente aprobación de la nueva ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El gasto en educación

La Coparmex señala que “hay que subsidiar la demanda” y no a las escuelas, es decir, propone “los ‘bonos’ educativos a los que tendrían derecho los padres de familia… lo que permitiría a los estudiantes elegir la institución, pública o privada, en la que desean estudiar…”. Economistas como Joseph Stiglitz (La economía del sector público, Antoni Bosch, Barcelona, 1992) han señalado las consecuencias en términos de equidad de una medida como ésta: se crearía una sociedad aún más estratificada. Las escuelas de las zonas de mayores ingresos, que de por sí pueden tener un mejor desempeño escolar, concentrarían más recursos, en detrimento de las ubicadas en áreas o barrios pobres que se verían castigadas en su financiamiento.

A la par, la Coparmex propone “cesar la diferenciación entre educación pública y particular, estableciendo que ambas son de interés general de la nación y se necesita promoverlas a fin de que la calidad y la cobertura se supere en ambas”, es decir, hacer susceptibles de financiamiento público a las escuelas particulares.

Para la enseñanza pública la Coparmex propone “convertir las escuelas oficiales, en los sectores de niveles socieconómicos medios, en escuelas administradas por cooperativas de maestros sostenidas con la cooperación de los padres de familia, con un subsidio gubernamental decreciente”.

La educación y el Estado

En las propuestas de la Coparmex hay evidentes puntos de contacto con la agenda de la iglesia católica, por ejemplo, en lo que se refiere a la (inadecuada desde su perspectiva) laicidad de la educación. La organización patronal establece que “quizá la más trágica de las pérdidas que sufrió la escuela en México consiste en que durante décadas el concepto de educación laica se interpretó como una exclusión sistemática de toda referencia ética y de valores de formación de los estudiantes”. Por ello, propone “incorporar al artículo tercero constitucional el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación que reciban sus hijos”, como si los hijos fuesen una propiedad de los paterfamilias y no sujetos con derechos inalienables, como el que consagra el recibir obligatoriamente una educación basada en criterios científicos, ajena al fanatismo, como establece hoy la Constitución.

El mundo del trabajo

Las propuestas económicas de la Coparmex son fieles al principio de defensa de los derechos de la propiedad. Reclama garantías de certeza jurídica para los propietarios del capital, como elemento central del marco jurídico e institucional del crecimiento. Pero no se plantea lo mismo para los trabajadores que, en su visión económica, se funden en el conjunto de los agentes económicos privados. Las alusiones al marco legal que rige las relaciones laborales son prácticamente inexistentes en las propuestas económicas 2000-2010.

Fiel a su doctrina de ignorar a los trabajadores como parte central del proceso productivo, relega la reforma laboral al limitado ámbito de las políticas de competitividad. Y todo se resume en un solo concepto: “Adecuar el marco legal para impulsar la Nueva Cultura Laboral entre empresarios y trabajadores con el fin de lograr un incremento continuo de la productividad de todos los factores de la producción”.

Para Coparmex la llamada “Nueva Cultura Laboral” no requiere de explicaciones en el documento, a pesar de la pretensión ambiciosa de que la legislación se adecue a ella. Si nos atenemos al documento concluiremos que la realidad sindical resulta satisfactoria a esta visión de la derecha. Y no es de extrañarse, porque la fórmula de esa “nueva cultura”, bajo la apariencia de una vocación de modernidad encubre realmente una vieja pretensión de la derecha católica: reducir a la empresa a una comunidad aislada, conducida con visión paternal por un empresario benévolo. La fórmula para lograrlo ha sido un pacto político con el corporativismo sindical.

Así, desde los pactos de contención salarial de mediados de los años ochenta hasta la fecha, la derecha empresarial, llevando como bandera el cambio estructural, ha dado carta de legitimidad —y trato de señores— a un cortejo numeroso de dirigentes sindicales cuya presencia pública no deriva de la representación democrática sino de los complejos mecanismos de control político heredados del régimen de partido casi único. La transición democrática no ha pasado aún por el sistema laboral mexicano, ni ha tocado las prácticas viciadas de la justicia laboral, donde los derechos y libertades de los trabajadores son, con extrema frecuencia, letra muerta. Para la Coparmex este tipo de derechos no tiene relevancia.

Más “ciudadanos”, menos “políticos”

En su capítulo de reforma del Estado, la Coparmex aborda con detalle diversos aspectos de las reformas que considera necesarias en el ámbito de la regulación electoral y del sistema de partidos. Propone la incorporación de las “candidaturas independientes” y la desaparición de los “innecesarios” legisladores de representación proporcional —lo que reduciría la pluralidad parlamentaria en detrimento de las minorías—. Dicha tesis coloca a los partidos o al “excesivo” número de los mismos como traba a la democracia. La Coparmex se sitúa en este terreno en el lugar común que, por ejemplo, describe el Latinobarómetro, en el sentido de que se reivindica a la democracia pero no a sus instrumentos imprescindibles: los partidos políticos y el Parlamento, lo que al final es reflejo de una escasa comprensión de lo que es la democracia como sistema político. Las grandes coordenadas de las propuestas de la derecha empresarial mexicana podrían sintetizarse en: menos intervención del Estado, menos impuestos, menos sindicatos, menos partidos y menos laicismo. n

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